Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Para el fisco, una factura no es suficiente para que una empresa grande solicite una deducción de impuestos.
Fotos, archivos digitales, mapas, evidencia testimonial e informática son algunos de las pruebas que pide para que las empresas demuestren que las operaciones sí se realizaron y puedan deducir, señalaron especialistas.
En 2019, la Secretaría de Hacienda estimó que las deducciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las empresas representó un gasto fiscal de 24 mil 666 millones de pesos, de los cuales 75 por ciento corresponden a deducciones por compras de automóviles.
El rechazo de una deducción en la compra de un bien o un servicio para las grandes empresas significa que adquieren una deuda con el fisco por millones de pesos, afirmó Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight México.
“No basta con una factura por el servicio, desafortunadamente el comprobante, no comprueba nada, por lo menos a mi favor, únicamente en mi contra”, dijo.
El SAT tiene la facultad de exigir al contribuyente que compruebe la materialidad de una operación, es decir, que pruebe que la operación realmente sucedió, explicó el fiscalista.
“El problema es que no existe una guía para demostrar la materialidad; entonces, desafortunadamente la autoridad toma estándares muy difíciles de cumplir para acreditar la materialidad y cuando no se logra acreditar rechaza la deducción”, advirtió Barrera.
Los casos más comunes de desconocimiento de operaciones se dan en la compra de servicios que no dejan rastros tangibles.
Si se compra una maquinaria se puede mostrar el equipo como prueba de que la operación se realizó, pero si se repara una maquinaria es más difícil comprobar esa operación ante un cuestionamiento del SAT, argumentó.
Esta práctica se realizaba desde el sexenio anterior, pero en esta Administración se ha agravado por las presiones presupuestales y la necesidad de impulsar la recaudación, aseguró.
La práctica de aumentar los requisitos para comprobar la materialidad de las operaciones incrementa la carga administrativa a las empresas, aseguró Guillermo Mendieta, socio de la firma Mendieta y Asociados.
“Se piden cosas en exageración, eso quita productividad a la empresa, recursos administrativos y oportunidad de negocios. Nos volvemos menos competitivos”, lamentó.
Añadió que el SAT puede llegar a pedir el RFC del chofer que entregó un producto, su identificación oficial o la placa del auto para comprobar que se compró un bien o servicio.
“La autoridad fiscal se está volviendo revisor, cuando su facultad es verificar el pago de los impuestos, no que se hayan entregado los productos o realizado la prestación del servicio”, argumentó. (Agencia Reforma)
