Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aunque fueron vinculados a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública y desvío de más de 743 millones de pesos entre el 1 de enero del 2015 y 31 de diciembre del 2016 dentro de la llamada ‘estafa maestra’, el ex director del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Jorge Acevedo Marín, y el ex director administrativo Gerardo Vázquez Handall permanecerán en libertad ya que, además de presentarse a firmar cada mes, se les pondrán localizadores electrónicos.
Al término de la audiencia de vinculación a proceso, el juez determinó el embargo de cuatro predios localizados en el municipio de Benito Juárez y una motocicleta que están a nombre de Acevedo Marín y de siete predios localizados en los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez y otro más en Mérida, Yucatán, así como tres vehículos con placas de Quintana Roo y un automóvil de lujo con placas de Yucatán a Vázquez Handall.
Las presuntas irregularidades atribuidas a los ex funcionarios son parte de “la estafa maestra”, evidenciada por una consultoría y medio de comunicación nacional, en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y que hoy mantiene a su ex titular, Rosario Robles, privada de su libertad.
Los ex funcionarios comparecieron de manera voluntaria ante un juez para su audiencia de vinculación a proceso luego que fenecieron los amparos interpuestos lo que ocasionó que se cancelaran las órdenes de aprehensión liberadas en su contra.
Las medidas cautelares determinadas por el juez de control fueron la prohibición de salir del país, colocación de localizadores electrónicos y embargo precautorio de bienes.
La Unidad de Medidas Cautelares (Umecas) fue notificada para aplicárselas a partir de las 10:00 horas de este jueves.
Los ex funcionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social incurrieron en el desvío de 743 millones 804 mil 52 pesos, según la Carpeta Administrativa 413/2018 por la autorización de 84 contratos irregulares a 37 empresas proveedoras de servicios y productos de las cuales solo cuatro estaban regularizadas ante la Oficialía Mayor de Gobierno. Las demás razones sociales eran ‘fantasmas’.
La asignación de contratos violentó la Ley de Adquisiciones del Estado de Quintana Roo, pues no hubo licitaciones y en su lugar indebida contratación de servicios.
En agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado interpuso una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción por Desempeño Irregular de la Función Pública contra Acevedo Marín y Vázquez Handall y la Secretaría de la Contraloría promovió denuncia por desvío de 743 millones 804 mil 52 pesos. (Noticaribe)
