Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, la fase 2 declarada por el Gobierno Federal y el reclamo de organizaciones que atienden a personas con discapacidad, el gobierno estatal y los municipios debe redoblar esfuerzos para la protección de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas con discapacidad, que son parte de los grupos más estigmatizados y marginados, incluso en circunstancias normales.
De acuerdo con los integrantes del mecanismo independiente de monitoreo de Derechos Humanos de Quintana Roo organizaciones de la sociedad civil enfocadas al tema de la discapacidad, así como la comunidad sorda en Quintana Roo, han externado su preocupación por lo poco que se ha hecho para informar y orientar a las personas con discapacidad respecto a la contingencia del COVID-19, y ante esta omisión, corren el riesgo de contagio o que sus derechos humanos sean vulnerados, debido a la discriminación y a los obstáculos para el acceso a la información, a servicios sociales, atención médica y educación durante esta contingencia.
“Es necesario eliminar aquellas barreras que limita o restringe el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales sin discriminación”, manifestó el organismo integrado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Marco Antonio Toh Euán y los ciudadanos Atala Susana Rodríguez Meraz, María Eugenia Rodríguez Campos, Martha Basurto Origel, Alejandra Becerril Amador, Daniel Alessander Sánchez Estrada y Fabiola Torre Ramírez.
Afirmaron que es obligación de las autoridades, tanto estatales como municipales, asegurar que la información de salud pública y la comunicación sean accesibles para las personas con discapacidad, de manera oportuna y sin costo adicional; agregar subtítulos y lengua de señas en todos los eventos y comunicaciones en vivo o grabados, ruedas de prensa y redes sociales, y que el recuadro en el que aparece la persona intérprete cumpla con las normatividades ya establecidas; convertir los materiales públicos a un formato que sea fácil de leer para personas con discapacidad intelectual; realizar productos de información escritos accesibles, con un formato apropiado, títulos estructurados, letra grandes, versiones en braille y formatos aptos para personas con discapacidad visual y/o auditiva; agregar leyendas a las imágenes utilizadas en documentos o en las redes sociales, y que estas imágenes sean incluyentes y no estigmaticen la discapacidad; finalmente, trabajar con organizaciones dedicadas a la discapacidad, como entidades de promoción de la causa y prestadores de servicios, a fin de difundir información de salud pública.
El Consejo General del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de Quintana Roo hizo un llamado a las autoridades estatales y a las municipales para que atiendan la obligación de adoptar todas las medidas pertinentes para garantizar el derecho al acceso a la información de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. (Noticaribe)
