Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Al afirmar que la emergencia sanitaria por COVID-19 no debe convertirse en una crisis de derechos humanos por acciones implementadas por autoridades federales, estatales y municipales para evitar la propagación, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), hizo un llamado para que, conforme a la normatividad nacional e internacional, éstos se garanticen.
Las normas de derechos humanos reconocen que en el contexto de serias amenazas a la salud y emergencias públicas que pongan en peligro la vida de una nación, las restricciones a algunos derechos pueden justificarse siempre y cuando tengan una base legal, sean estrictamente necesarias y no sean arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, sean de duración limitada, respeten la dignidad humana, estén sujetas a revisión y sean proporcionales para lograr su objetivo.
Esto es, toda restricción o limitación de derechos debe ser legítima, adecuada, necesaria y proporcional.
El organismo manifestó que se debe garantizar una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, particularmente a los grupos de población en riesgo de atención a los principios pro-persona, de prevención, transversalidad con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad y máxima protección en todas las medidas y acciones que lleven a cabo, estableció el organismo.
Integrado por los 33 organismos estatales de derechos humanos en el país, la Federación pidió la implementación y difusión de las medidas preventivas, de apoyo y de atención integral para garantizar los derechos de operadores y personal del sector salud, así como a personas portadoras o contagiadas del virus; medidas de protección y garantías para la atención a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad
Asimismo, medidas de protección y seguridad ciudadana y pública, para prevenir y atender la violencia de género en el ámbito familiar.
La FMOPDH hace hincapié en que la normativa internacional de los derechos humanos garantiza que todas las personas disfruten del más alto nivel posible de salud y obliga a los gobiernos a adoptar medidas para prevenir las amenazas a la salud pública y brindar atención médica a quienes la necesitan.
Hizo un llamado al Consejo de Salubridad General, así como a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a no dar cabida a situaciones que deriven en suspensión de derechos.
Esas son las bases mínimas sobre las que se deben dar las respuestas para enfrentar la magnitud y gravedad de la emergencia sanitaria que vivimos “obligación ineludible a la que el Sistema No Jurisdiccional de Derechos Humanos estará atento para su cumplimiento”. (Noticaribe)
