Hace algunos días, un par de helicópteros sobrevoló Cancún. Los aparatos eran de la policía del Estado e iban acompañados, a nivel de tierra, por patrullas y policías armados con armas largas. La escena era común en un país militarizado que se ha acostumbrado al cotidiano trajinar de convoyes de diferentes fuerzas armadas. En este caso, no había narcotraficantes o delincuentes que perseguir. El enemigo es la misma amenaza invisible que tiene a la mitad del mundo metida en casa. Y esa era precisamente la preocupación de los uniformados que patrullaban la José López Portillo, una de las principales avenidas de la ciudad que da servicio a millones de turistas. En el frente del coronavirus, esta ciudad vive una dura batalla. La región concentra el 6% de los contagios de todo el país. Las autoridades del Estado de Quintana Roo han endurecido la mano para mantener a raya a la enfermedad. Los pacientes contagiados ya ocupan la mitad de las camas disponibles en el hospital más grande de la entidad.
Las escenas en Cancún han dejado varias quejas. Los ciudadanos se preguntaban si tal despliegue de uso de la fuerza era necesario para hacer frente a la covid-19. El jefe de la policía en Quintana Roo, Alberto Capella, fogueado en los destinos más terribles de la guerra contra el narcotráfico, cree que sí. El operativo, llamado Máxima presencia, impidió viajes peatonales y vehiculares en las principales vialidades de la ciudad y clausuró más de 20 negocios no esenciales. Dos semanas después del inicio de aquellos patrullajes, el Gobierno central reconoció a Quintana Roo como el Estado que más había reducido la movilidad en México durante la contingencia. Siete de cada 10 habitantes se habían quedado en casa.
Muchos otros Estados se han sumado al ejemplo de Quintana Roo. Cada vez más gobernadores apuestan por endurecer las medidas de distanciamiento social y aplicar sanciones para quienes no obedezcan las sugerencias de aislamiento dictadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde el 20 de marzo.
Las autoridades de Jalisco, el cuarto Estado más poblado del país, han decidido hacer obligatorias las medidas de mitigación de la epidemia desde este lunes tras un mes en aislamiento, justo cuando veían que la población comenzaba a relajarse. El uso del cubrebocas será obligatorio para sus casi ocho millones de habitantes cuando salgan de casa, una acción que debe quedar reducida a comprar comida o medicamentos. El Gobierno local ha amagado con imponer multas y hasta el arresto por 36 horas de las personas que no acaten las medidas. Este lunes, sin embargo, su gobernador intentó matizar. “No vamos a perseguir ciudadanos, no queremos arrestar gente ni multarlos. Queremos que se entienda que hay una responsabilidad que cumplir”, ha dicho Enrique Alfaro en una entrevista telefónica.
Jalisco, enclavado en el occidente del país, también ha endurecido la vigilancia de sus fronteras. Su Gobierno desea impedir la entrada de contagiados, principalmente de la zona del Valle de México, donde se encuentra la capital, del país, el principal foco de infección. Para ello ha tejido un cinturón de seguridad junto a los gobiernos de los Estados de Guanajuato, en el centro de México y regiones de la costa del Pacífico como Nayarit, Colima y Michoacán.
Este último Estado, Michoacán, ha adoptado también el aislamiento obligatorio. “Nadie que no tenga tareas esenciales podrá andar en la calle”, dijo el domingo el gobernador Silvano Aureoles. “Y quienes lo hagan serán aislados y recluidos y tendrán que hacer trabajo de carácter comunitario: limpieza de hospitales y centros de salud”, agregó mientras criticaba la irresponsabilidad de algunos habitantes de la región. “No hay manera. Ahora vengo de Ciudad Altamirano, el mercado sobre ruedas, y todo el mundo como si nada. Al rato que se empiecen a morir, ¿a quién le van a echar la culpa? Al Gobierno por no poner las reglas claras”, afirmó. Aureoles ha pedido al presidente López Obrador que lo reciba para hablar de la contingencia: “Escúchenos, no le están dando la información correcta sus voceros de salud y eso es muy peligroso porque estamos poniendo en riesgo miles de vidas”.
De norte a sur, mensajes como este comienzan a ser pronunciados por los mandatarios locales. Los norteños Chihuahua, Sonora y Coahuila han aplicado decisiones similares. Y a finales de esta semana, Estados como el sureño Yucatán, en la península que lleva su nombre, decretarán reglas estrictas y sanciones concretas para quienes no obedezcan el encierro. Las autoridades federales, que extendieron las laxas medidas de aislamiento hasta finales de mayo, han admitido que el pico de la epidemia llegará entre los días 8 y 10 de este mes.
Todos los Estados antes mencionados tienen algo en común: son gobernados por partidos de oposición. La crisis del coronavirus en México ha agudizado el enfrentamiento entre el Gobierno central, de López Obrador, con los poderes locales. La falta de preparación y de insumos han protagonizado la polémica en las últimas semanas. Los gobernadores se quejan actualmente de que la Administración no les ha hecho llegar recursos extraordinarios para encarar una situación que someterá a una gran presión a los aparatos de salud locales. En las próximas dos semanas, al menos hasta el pico de la epidemia, el principal contraste será el endurecimiento de medidas. El Gobierno de Morena ha evitado decretar una orden nacional para que el aislamiento se observe estrictamente. “Hemos tenido buenos resultados hasta ahora porque la gente ha aplicado las medidas, nos ha ayudado y se ha comportado de manera ejemplar sin prohibiciones, sin uso de la fuerza, sin toque de queda”, dijo López Obrador el jueves.
El choque entre el presidente y los gobernadores puede ir a más en los días por venir. La mañana de este lunes, el mandatario dijo que estudiará caso a caso las peticiones de los Estados por recibir dinero extraordinario para la crisis. López Obrador ha afirmado que muchas regiones han dejado de ingresar recursos porque la recaudación local ha ido a pique. Y como sugerencia, pidió a los ejecutivos locales copiar el plan de austeridad que ha abanderado en el Gobierno federal. “Reducir gastos sin despedir trabajadores, pero a pagar la luz, a no pagar tanto en teléfono, tanto en gasolinas, tanto en viajes, viáticos, etcétera. Así se liberan fondos”, recomendó a pesar de que la austeridad ha sido desaconsejada por diversos especialistas para hacer frente a una crisis económica que cada vez llama con más fuerza a las puertas de México. (Fuente: El País)
