CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En la Ciudad de México, Morena pretende eliminar a toda costa la figura del Diputado Migrante, para evitar que oriundos de la capital del país residentes en el extranjero –principalmente en Estados Unidos– puedan ser electos a la legislatura local, como ya ocurre en otras entidades del país; publicó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El lunes pasado, los diputados propietario y suplente del Movimiento Regeneración Nacional en el congreso capitalino, Julio César Garrido Carranza y Juan Romero Tenorio, de manera respectiva, impugnaron de último minuto (REC vs. SCM-JDC-27/2020) bajo la figura de «reconsideración», la sentencia con la que el 2 de junio la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efecto la derogación de la figura del Diputado Migrante, conforme al dictamen que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, publicó el pasado 9 de enero en la Gaceta Oficial.
Sheinbaum pudo haber vetado la derogación, aprobada por la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso estatal a fines de noviembre pasado, pero decidió apoyarla e ignorar llamados de distintas organizaciones civiles para que reconsiderara, o al menos escuchara, las voces de quienes serían afectados antes de tomar una decisión.
«Urgimos a la Jefa de Gobierno a entablar un diálogo y escuchar los puntos de vista de representantes de los capitalinos que residen en el exterior, como premisa básica del ejercicio democrático», indicó en diciembre la organización Fuerza Migrante, con sede en Nueva York.
Fuerza Migrante condenó el desdén de Sheinbaum, y procedió a respaldar el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, interpuesto ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México por María García Hernández y Juventino Yitzhak Montiel García, originarios de la Ciudad de México y residentes en el extranjero.
El juicio fue registrado el pasado 14 de enero bajo la clave TECDMX-JLDC-006/2020 y constituye la base jurídica con la que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sustentó su fallo por dos votos contra uno la semana pasada, y que ahora impugna Morena.
Marcio Jáquez, residente indocumentado en Nueva York, que se auto describe como «chilango de nacimiento y de corazón» acusó a Morena de ser «igual a todos los partidos de antes».
«Les interesan nuestras remesas y nuestros votos, pero a la hora de darnos algo a cambio, son igual que los de antes, nada», dijo en conversación con MCCI. Ironizó que como el gobierno en turno «no nos da despensas, ni becas, ni pensiones a nuestros familiares aquí», pues «tampoco les interesamos como votantes», dijo Jáquez.
La Jefa de Gobierno no ha hecho pronunciamiento alguno sobre el caso. Y su oficina no contestó una petición de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) para conocer de primera mano su punto de vista y las razones para la derogación.
Quien sí dio argumentos iniciales fue la diputada del Partido del Trabajo, Leonor Gómez Otegüi, quien en mayo de 2019 presentó la iniciativa de reforma al Código Electoral que elimina la diputación migrante y limita el voto desde el extranjero a únicamente para Jefatura de Gobierno.
Gómez Otegüi destacó entonces que la justificación es «puramente económica» ya que resultaría muy costoso para la capital poner en marcha el entramado electoral para la diputación migrante.
La legisladora, quien también rechazó invitaciones a discutir el tema con representantes migrantes antes de que el congreso local adoptara la reforma, nunca explicó la aparente contradicción de canalizar recursos para que los chilangos voten por Jefatura de Gobierno, pero no por el resto de puestos de elección popular.
«Es un absoluto sin sentido. Si ya vas a poner dinero para el ejercicio electoral, no cuesta casi nada más ampliarlo para el resto de las opciones contempladas», dijo a MCCI un legislador de oposición que prefirió no ser citado por nombre. «Morena teme que un escaño electoral para un representante migrante sea un asiento menos para ellos, con lo que eso implica para votos y procedimientos. Les gusta la democracia siempre y cuando tengan control absoluto», agregó.
El doctor Daniel Tácher, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y acompañante del proceso entablado por María García y Juventino Montiel, consideró que la derogación «es una violación a los derechos humanos de los migrantes capitalinos. Eliminó su derecho a votar y ser votados y mercantilizó el ejercicio de derechos humanos argumentado costos».
Una vez que Sheinbaum respaldó la derogación, Gómez Otegüi se desentendió por completo de su propuesta original y no se pronunció a lo largo de las instancias posteriores, suscitando dudas sobre quien está realmente abanderando la causa.
La impugnación de Morena ante la Sala Superior cuestiona no solo la sentencia de la Sala Regional, sino al Tribunal mismo, y conforme al procedimiento vigente, el Tribunal acepta otros actores al juicio bajo la modalidad de «terceros interesados» –amigos de la Corte– instancia en la que se pueden conocer y ventilar argumentos a favor y en contra.
Se espera que Fuerza Migrante, como grupo, someta su documento de tercero interesado en los próximos días y que haya mociones similares de individuos originarios de la Ciudad de México residentes en el extranjero.
Durante una videoconferencia con líderes de comunidades migrantes mexicanas en Estados Unidos, el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo indicó que en los próximos días dialogará con los diputados de su partido que sometieron la más reciente impugnación para tratar de persuadirlos a que desistan del caso.
La Sala Superior deberá analizar el caso en las próximas semanas y emitir su fallo, con carácter inapelable. (Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)