Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- A pesar de que el Código Penal de Yucatán fue reformado para introducir y sancionar el delito de ciberacoso, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (PTFY) y la oficina en México y Centroamérica de la organización Artículo 19, acusaron al Congreso local de buscar formas a través de este instrumento que prohíba las críticas y exigencias a funcionarios públicos en redes sociales y en Internet.
Debido a que los integrantes de estos organismos consideraron que este Código Penal tiene un redacción muy amplia y genérica, presentaron una demanda de amparo, sobre todo porque notaron que se busca criminalizar a las personas que hagan denuncias y activismo a través de redes sociales.
La demanda se ha interpuesto, ya que se identificó que esta reforma establece hasta tres años de prisión a quien “intimide y asedie a cualquier persona, a pesar de su oposición, por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, tales como redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro medio digital; mediante el envío de mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías”.
La denuncia va en el sentido de que se redactó sin señalar cuáles serían los casos permitidos, por lo que al dejar el panorama abierto, cualquier funcionario que tuviera injerencia en Yucatán podría entonces denunciar y sentirse intimidado o asediado con alguna publicación que hagan los ciudadanos.
En este sentido, en especial Artículo 19 señaló que esto podría atentar en contra de la libertad de expresión y con ello se buscaría silenciar el activismo y las protestas que se hacen a través de los medios digitales. (Noticaribe)