Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aunque se han logrado detenciones y vinculaciones a proceso de los responsables de homicidios en Benito Juárez y Solidaridad, principalmente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz reconoció que situaciones técnico-legales derivados del tiempo y la premura desde el momento de la detención hasta el tiempo que pasan en la Fiscalía General del Estado han ocasionado las liberaciones.
No es por corrupción de los jueces sino por cuestiones técnico legales, aseguró.
Ante esa situación, anticipó que este lunes, de manera privada, sostendrá un Conversatorio con el fiscal, Oscar Montes de Oca Rosales y el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra para abordar la problemática y temas pendientes.
Como integrante de la Mesa por la Seguridad y la Paz implementada para todo el Estado, pero en especial para atender los asuntos en Benito Juárez y Solidaridad, Ruiz León reconoció que la delincuencia sigue teniendo presencia en Quintana Roo y aunque se han presentado casos dramáticos no se compara con Guanajuato y Colima donde la incidencia delictiva es mayor.
Quintana Roo se ubica en el lugar 16 en índice de homicidios dolosos, pero cuando nos comparan tomando en cuenta el porcentaje de la población nos ubican en la posición nueve, “aunque antes estábamos en la tercera posición”, manifestó.
Reveló, asimismo, la existencia de equipo electrónico que ha permitido la operatividad de grupos delictivos en los municipios de la zona norte “que ha sido decomisado en los diferentes cateos”.
De acuerdo con las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia, la presencia delictiva en la zona norte de Quintana Roo registró un aumento desde el 2018 a la fecha, tal y como revelan las órdenes de cateo, de aprehensión y las detenciones y vinculación a proceso de detenidos.
De enero a julio de 2018 se obsequiaron 64 órdenes de aprehensión; en el 2019 fueron 119 y en lo que va de este año suman 229; órdenes de cateo pasaron de 5 en los primeros siete meses del 2018 a 25 en el 2019 y 27 en el 2020; vinculaciones a proceso fueron 159 en el 2018; 349 en el 2019 y 314 en el 2020.
En el caso de extorsión se judicializaron 3 casos en el 2018; nueve en el 2019 y 24 en el 2020.
En cuanto a homicidios reconoció que cuestiones técnico legales han ocasionado la liberación de presuntos responsables luego de ser detenidos y vinculados a proceso, “pero no por corrupción de los jueces”.
Tras la recomendación emitida por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de sancionar a los responsables de la irregular aprehensión del extesorero Alejandro Marrufo Roldán, el presidente del Tribunal Superior de Justicia consideró que el juez actuó apegado a derecho.
Explicó que los jueces tienen la obligación de vigilar el debido proceso “y cuando hay de por medio un amparo, lo único que puede hacer un juez es cumplir con ese amparo ya que de lo contrario implicaría un procedimiento ante la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte que podría implicar su destitución e incluso su encarcelamiento”.
Ante circunstancias como esta que hay de por medio un amparo todo se detiene, pero lo que no debe ocurrir es que ese amparo se quede sin materia, ya que es ahí se comete un delito por parte de un servidor público judicial, reconoció.
Agregó que el juez tiene un órgano que lo revisa que es la sala de apelación y los juzgados de distrito o juzgados unitarios de distrito pero se debe cuidar el debido proceso y no que no se violen los derechos humanos, agregó. (Noticaribe)
