Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- La incertidumbre económica ocasionada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) ha afectado a diversos segmentos, entre ellos al que pertenecen las trabajadoras sexuales; en Yucatán no es la excepción, puesto que se han quedado sin ingresos para comer, pagar rentas y gastos de las personas que de ellas dependen.
Tan sólo en las calles del Centro Histórico de Mérida, hay cerca de 100 mujeres que se dedican al trabajo sexual y quienes se han visto inmersas en una serie de crisis, debido a que la pandemia ha reducido las oportunidades de brindar sus servicios y a la par, el Gobierno ha aprovechado la oportunidad para criminalizarlas.
“No han podido trabajar. Algunas se han organizado para que las que tuviesen trabajo apoyaran a otras. Han juntado dinero para comida. Sabemos que nadie está de acuerdo con promover el trabajo sexual, pero no podemos cerrar los ojos ante una realidad y necesidad de que se mejoren las condiciones para que sean menos adversas para ellas”, apuntó la abogada Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de Unidad De Atención Sicológica, Sexológica y Educativa Para El Crecimiento Personal (Unasse).
En este sentido, Ojeda Sosa, quien ha estado apoyando de manera jurídica a mujeres que se dedican al trabajo sexual, mencionó también que además de las consecuencias de la pandemia, permanece el estigma y el señalamiento social a quienes practican esta labor.
“Viven mucha discriminación en todos los ámbitos y sobre todo, en este tiempo se ha añadido la violencia institucional a través de los abusos de poder que ejercen los cuerpos policiacos”, agregó.
Esta situación, se originó desde el año pasado, incluso antes de que se declarara contingencia sanitaria, ya que en septiembre se publicó una reforma al Reglamento de Bando y Policía de Buen Gobierno en Mérida, misma que incluyó como falta administrativa que se promueva el trabajo sexual en vía pública.
“No es lo mismo el trabajo sexual que la explotación sexual, pero a partir de esta modificación se han realizado razias y hostigamiento; fue así que en octubre de 2019, mujeres trans interpusieron un amparo para cuestionar esta norma y todavía está en proceso en el Tribunal Colegiado”, explicó.
No obstante, esta norma, sumada a la situación por COVID-19 agravó la situación de las personas que ejercen trabajo sexual y esto llevó a que en julio se clausuraran hoteles donde las mujeres laboraban o incluso vivían, por lo que algunas se quedaron sin ingreso y vivienda.
“Los gobiernos debieron considerar programas dentro de las políticas públicas considerando la situación de cada grupo y aunque sí se lanzaron algunos, las trabajadoras sexuales quedaron fuera de ellos”, indicó Amelia.
Además, en agosto se registraron detenciones a trabajadoras sexuales en los que se violaron derechos humanos de las mismas.
Ante ello también se interpuso un amparo y hay una suspensión provisional de los artículos que prohíben esta práctica en las calles, aunque la resolución se dictaminará hasta en octubre. (Noticaribe)
