CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Los diez gobernadores agrupados en la Alianza Federalista viajaron a la Ciudad de México para poner sobre la mesa los recortes presupuestales para las entidades federativas marcados en el paquete económico enviado a la Cámara de Diputados, así como la politización de la seguridad pública, derivado del conflicto en la presa La Boquilla en Chihuahua, temas que piden sean revisados de manera prioritaria con la Federación, publicó El Financiero.
Ayer, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco; Martín Orozco, de Aguascalientes; Miguel Riquelme, de Coahuila; José Ignacio Peralta, de Colima; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Francisco J. García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, llevaron a cabo una reunión interestatal en la que se acordó solicitar un encuentro con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para plantearle la problemática que viven las entidades federativas.
Así también se dio un respaldo a Chihuahua y a su gobernador , Javier Corral, para que “la seguridad sea un tema de neutralidad política”.
Al término de la reunión, durante un encuentro con medios, hicieron pública su propuesta en la que se le solicita a la Federación no recortar el presupuesto para las entidades federativas correspondiente al 2021, el cual –advierten– representaría 5.5 por ciento menos en todos los estados del país.
Y para los gobernadores de la alianza, 40 mil millones de pesos, en 10 Estados que aportarían el 67 por ciento de los empleos del país.
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, dijo no estar pidiendo dinero para “los gobernadores”, sino que se trata de recursos los planes de Salud, ante la contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, o bien, para arreglar el camino para el campesino.
“Yo no puedo pedirle a un campesino o a un niño con cáncer que se ajuste a la austeridad republicana”, subrayó el guanajuatense.
También se solicita la revisión de los recursos para que sean destinados a programas que desaparecerán, en educación –por ejemplo– los desayunos escolares, las escuelas de tiempo completo, o recursos enfocados a la seguridad pública para entidades y municipios.
“No venimos a pelear ni a enfrentar la Federación, pero queremos garantizar que el gasto público pueda atender las necesidades”, aseveró Enrique Alfaro en su intervención.
“En términos concretos –dijo Silvano Aureoles, de Michoacán– los estados no pueden recibir menos de lo que recibimos este año”.
También se recomienda la creación de un fondo de estabilización, que concentre los recursos no ejercicios remanentes del Banco de México, un fondo especial para proyectos estratégicos y que les permitan usar la inversión federal para detonar la economía local.
Apenas el 21 de septiembre, este grupo de mandatarios oficializó su separación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Paralelamente, el día 22 la Conago, que agrupa al resto de gobernadores, la mayoría de Morena, sí tuvieron un encuentro con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, donde se realizó un compromiso de revisar las participaciones estatales.
En el pronunciamiento conjunto se destaca finalmente, en relación con Chihuahua: “La seguridad pública no puede ser bajo ninguna circunstancia de disputas políticas”.
Corral: hay ruptura con la Federación en seguridad
A raíz del conflicto por el agua, el Gobierno de la República rompió su relación con el gobierno de Chihuahua en el tema de la seguridad, por lo que ya no estarán integrados en la Mesa del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz.
El gobernador Javier Corral dio a conocer que el gabinete de seguridad determinó que los responsables de las Fuerzas Federales en el estado sesionen por su cuenta en la V Zona Militar, con sede en la capital del estado, para atender los temas en su ámbito de competencia.
En un mensaje en sus redes sociales, Corral indicó que a causa de las críticas de su gobierno por el conflicto en las presas, se generó un ambiente de confrontación entre ambos órdenes.
La noticia le fue dada a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Ayer, el delegado de programas federales en Chihuahua, Juan Carlos Loera, denunció que el gobierno estatal lo dejó fuera de las reuniones de la Mesa de Seguridad, tras denunciar que funcionarios estatales politizaban el conflicto del agua.
El Ejecutivo estatal en respuesta, precisó que el motivo de la exclusión fue por “pérdida de confianza”, al considerar que mentía en el asunto de las presas, por lo que “en una mesa tan estratégica, donde abordan temas de suma confidencialidad, su presencia se ha vuelto carente de confianza”.
Corral lamentó que esta decisión política haya afectado el trabajo que en materia de seguridad pública, han desempeñado las corporaciones federales y estatales. “Muestra un talante autoritario y vengativo contra el Pueblo de Chihuahua, a quien finalmente se perjudica. Se incumple así el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política, y se usa como mecanismo de represalia”, expuso. Con información de Samuel García. El Financiero)
