Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- En sólo cuatro años, la administración del gobernador Carlos Joaquín González rebasó el número de expedientes iniciados contra funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo, al registrar 77 investigaciones por presuntos actos de corrupción.
Aunque la Secretaría de la Contraloría ha logrado la inhabilitación de 41 servidores públicos, la sanción no ha quedado firme, ya que se encuentran combatiendo los amparos interpuestos, reconoció el titular de la dependencia Rafael del Pozo Dergal.
En la primera comparecencia de secretarios de gabinete para ampliar la glosa del cuarto informe de gobierno, el titular de la Secoes dijo que estos datos son sólo para ejemplificar “la seriedad de las estrategias de combate a la corrupción implementadas desde el inicio de la administración estatal”.
“Por primera vez hay más expedientes iniciados de investigación de funcionarios actuales respecto a la anterior administración”, enfatizó.
Aseguró que la Secretaría de la Contraloría ha dado vista a la Fiscalía General del Estado por varios temas y una vista a la Unidad de Inteligencia, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República y cada una de las dependencias realiza sus propias acciones de investigación.
Del Pozo Dergal recordó que la administración puso en funcionamiento un código de ética para los servidores públicos, el cual se fue modificando en los últimos años.
“Hay un comité formado por un grupo de servidores públicos que son responsables de recibir quejas de conducta no ética y son los responsables de efectuar la valoración de alguna presunta violación a código”, dijo.
El titular de la Secoes afirmó que hasta el momento no han recibido denuncia alguna sobre la posible vinculación de personas dentro de la administración con alguna empresa que presta sus servicios como proveedores al gobierno del Estado
Durante su comparecencia ante diputados de la XVI Legislatura, ante los cuestionamientos, justificó la intervención de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la revisión de las acciones realizadas en la Oficialía Mayor. Dijo que el ejecutivo tiene la facultad de emitir los acuerdos administrativos para dicha intervención y que no corresponde a la Secoes hacer ningún cuestionamiento.
Aunque reconoció tener conocimiento y haber visto oficios en donde se nombra a Yohanet Torres Muñoz como encargada del despacho de la Oficialía Mayor “solo es la revisión de las acciones implementadas en la Oficialía Mayor”.
El ejecutivo decide la forma de su organización, así como no podemos opinar como se organiza el poder legislativo, reiteró.
Sin embargo, reconoció que aún está pendiente el informe que debe rendir la Sefiplan para que el ejecutivo tome una decisión respecto a la Oficialía Mayor “es importante saber qué encontró la Sefiplan pero esos datos los dará a conocer la titular de la dependencia”.
Asimismo, el titular de la Secoes justificó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado sobre obras inconclusas pues dijo que a pesar de contar con los proyectos técnicos para trabajos de bacheo no hay disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos. (Noticaribe)
