CHIAPAS, MX.- La pandemia de COVID-19, los recortes presupuestales y la ausencia de políticas públicas desnudaron la crítica situación que viven alrededor de 2 millones de niñas, niños y adolescentes en la entidad, y es urgente actuar para evitar una crisis sin precedentes con impactos irreversibles, publicó Proceso.
Lo anterior se desprende de un informe difundido este viernes por la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Redias) en Chiapas, conformada por diversas organizaciones civiles, como la Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición (ASAN) A.C., Aldeas Infantiles SOS Chiapas, Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Melel Xojobal A.C., Vientos Culturales A.C, y World Vision Chiapas.
Al cumplirse este viernes 31 años de la Convención de los Derechos de la Niñez –tratado internacional ratificado por México en 1990, que establece los derechos que los Estados deben garantizar para el buen vivir de todas las niñas, niños y adolescentes–, Redias mencionó que hay un incremento de la desigualdad y las brechas en el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes en Chiapas.
Este año, expuso, los avances en esta materia se han visto seriamente amenazados por los recortes presupuestales establecidos desde la federación, así como la ausencia de políticas de Estado que contribuyan a garantizar el bienestar de la población infantil, aunado a la pandemia de covid-19 que agravó las condiciones pre-existentes de desigualdad y pobreza en la que viven niñas, niños y adolescentes.
Precisó que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), uno de los efectos de la pandemia ha sido y será la caída generalizada de 5% en el ingreso de las personas, lo que puede generar un crecimiento de la pobreza por ingresos de entre 7.2% y 7.9%.
En Chiapas, por ejemplo, 85.4% de la población infantil y adolescente es pobre por ingresos, lo que podría incrementarse a 92.6% y hasta 93.3%.
“Este dato de por sí alarmante significa en términos concretos que nueve de cada 10 niñas, niños y adolescentes en el estado vivirán su infancia y adolescencia en pobreza o extrema pobreza, con un efecto negativo en sus proyectos de vida”, puntualizó Redias en su informe.
Según el documento, la suspensión de clases presenciales y la estrategia educativa “Aprende en Casa” ha implicado que cientos de niñas, niños y adolescentes se quedaran sin escuela por falta de acceso a internet, computadora o televisión, con el riesgo grave de deserción que esto conlleva, particularmente para las niñas y mujeres adolescentes a quienes tradicionalmente se les asigna obligaciones de cuidado y cumplen dobles o triples jornadas de trabajo.
Chiapas, abundó, es la entidad con mayor rezago educativo a nivel nacional.
Y en esta pandemia, las niñas, niños y adolescentes trabajadores se han quedado sin empleo o han dejado de ayudar a su familia a generar dinero, lo que representa importantes restricciones en el acceso a la alimentación o la educación, principalmente.
Para las infancias trabajadoras, la pobreza, la precariedad laboral y los menores niveles de escolaridad incrementan sus probabilidades de exponerse a la explotación, la trata de personas y el trabajo forzado, de acuerdo con el reporte de Redias.
Las diferentes expresiones de violencia contra la niñez no se han detenido, sino más bien han ido al alza, recalcó.
En este año, Chiapas ha registrado una cifra récord de desapariciones de niñas, niños y adolescentes, que representa casi el doble respecto al año anterior. Hasta este mes, 316 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos y sólo 47% han sido localizados; el 85% de las desapariciones están concentradas en niñas y mujeres adolescentes.
Según Redias, en sus expresiones más graves, la violencia machista ha cobrado la vida de ocho niñas y adolescentes víctimas de feminicidio. La más pequeña tenía un año de edad.
Todo lo anterior, apuntó, ha repercutido gravemente en la salud emocional de la niñez. Muestra de ello es el incremento a más del doble de la cifra de suicidios de adolescentes respecto a 2019. Y hasta agosto de 2020, 24 adolescentes entre 13 y 17 años fallecieron por esta causa, en 2019 la cifra fue de 14.
En la entidad prevalecen los conflictos armados no resueltos, con la complicidad del Estado, así como las prácticas de despojo territorial a los pueblos originarios para imponer megaproyectos –mineras, supercarreteras, hidroeléctricas y plantaciones–, lo que ha representado el desplazamiento forzado de más de 4 mil niñas, niños y adolescentes de 2006 a la fecha.
“Ahora más que nunca requerimos que el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes asuma un serio compromiso para garantizar y proteger los derechos de la niñez. Este mecanismo sigue sin contar con una estructura ni presupuesto propio para operar y el Anteproyecto del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes presentado desde el inicio de esta administración sigue sin publicarse”, se lee en el documento.
“Si no actuamos hoy, tendremos una crisis sin precedentes con impactos irreversibles en el presente y futuro de los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan por este territorio”.
Ante ello, Redias hizo un llamado al Legislativo, Ejecutivo y Judicial en todos los niveles, “a priorizar el interés superior de la niñez en sus decisiones y a cumplir a cabalidad y con presupuesto el Acuerdo SIPINNA/EXT/01/2020 por el que aprueban acciones indispensables para la atención y protección de las niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”. (Fuente: Proceso)
