Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Debido a que Quintana Roo es el segundo peor Estado con mayor deuda pública en el país, la construcción del puente vehicular Nichupté, a través de un esquema de asociación público privado, debe analizarse a fondo ya que puede generar serios problemas en las finanzas públicas al comprometer aportaciones federales y hacer a un lado la atención a programas sociales, advirtió el doctor en economía, Felipe Flores Vichi, especialista en este esquema de inversión.
Consideró que el tomar recursos del Fondo de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas para el pago de esta obra implica que se destinarán recursos a otras funciones más allá de lo social y el Estado “va a quedar a deber en cuestiones de salud a cambio de tener un puente que, de acuerdo con los dictámenes, se desconoce si solucionará el problema vehicular en la zona y se desconoce la opinión ciudadana sobre los beneficios”.
Reiteró que la situación económica del Estado es complicada ya que a tenido un crecimiento negativo en los últimos tres trimestres siendo el segundo el de peor caída al registrar un 40 por ciento de la actividad económica.
Flores Vichis dijo que era necesario realizar una consulta ciudadana para determinar la necesidad de esta obra, la tarifa que se aplicará por concepto de peaje pero sobre todo establecer la estructura técnica de la asociación pública privada para vigilar cuestiones de calidad y el cumplimiento de los requerimientos técnicos y no genere impacto ambiental en la zona.
Advirtió que, de acuerdo con análisis de organismos internacionales los gobiernos han acumulado muchioo poder a través de sus comités de proyectos por lo que e s necesario incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisones para garantizar que sean transparentes y no se caiga en sobre costos de la obra.
Advirtió que los proyectos en materia vehicular pueden tener un sobrecosto de entre el 40 y hasta un 200 por ciento “hay que estar pendiente de esta obra y evitar que tenga sobrecostos, que se pudiera generar atrasos en el tiempo de realización y genere pérdidas económicas para el Estado”.
Manifestó su extrañeza por la concesión a 28 años que se plantea dentro del proyecto ya que dentro de las proyecciones se observa hay una subestimación sobre el uso que s e tendrá del puente “se piensa que tendrá gran aceptación, que será usado por la mayoría de la población pero a veces las tarifas son altas y el usuario decida no usarla y ahí es donde se generan los problemas.
Por lo general se hacen las estimaciones de flujo vehicular pero se desconoce cual será la demanda y si en un año no se cumple esa demanda será un peso para las finanzas públicas, advirtió.
Dijo que la obra en los términos normativos en que fue planteado no representa un gasto como tal para las finanzas publicas; sin embargo, aunque en el planteamiento queda establecido el uso de recursos públicos y de fondos federales para garantizar el pago del constructor durante su operación y no sólo en la construcción.
El doctor en economía Reiteró la necesidad de la participación ciudadana en el proceso de verificación del proyecto para garantizar que haya un control, supervisión y también la posibilidad de retirar la concesión en caso de que la empresa incumpla con las disposiciones.
El problema que veo es que no se plantea la creación de organismos autónomos que permita vigilar la construcción del puente y se transparente todo el proceso y esto puede dar pie a actos de corrupción “donde al ser juez y parte, hay autoridades que por preservar el poder y tener dinero para elecciones se pueden prestar a recibir sobornos y favores de concesionarios para que no se haga transparente la ineficacia del servicio público. Si sabemos que es algo recurrente la corrupción debe generarse los mecanismos para combatirla, afirmó.
Dijo que Quintana Roo se enfrenta a su primera experiencia en materia de asociaciones público privado y la pregunta es si tiene la capacidad técnica y humana para cumplir labores de vigilancia y supervisión que garanticen la factibilidad técnica económica y ambiental del proyecto.
Es necesario crear esos comités de supervisión porque si se hace bien la APP puede ser palanca de desarrollo y si no se hace es un arma de doble filo, manifestó.
Es una obra que se quedará por los próximos 50 años y hay que trabajarla en forma eficiente que genere bienestar económico y no a favor del concesionario o a cierto grupo político, enfatizó. (Noticaribe)
