POR GABRIELA MINJÁRES | MCCI
El 7 de abril de 2020 hacía una semana que había entrado en vigor la orden del Gobierno federal sobre el cese de actividades no esenciales y tres desde que en Ciudad Juárez se había confirmado el primer caso por Covid-19, pero Gregoria Contreras González, una mujer de 56 años que llevaba varios días con tos, acudió a las maquiladoras de Electrolux, la multinacional sueca de electrodomésticos donde era soldadora, porque ahí continuaba la vieja normalidad: casi 5,000 empleados trabajando sin mascarillas ni gel antibacterial.
Aquel día 125 obreros, indignados por estas condiciones, pararon la producción y se manifestaron en la mayor de las cuatro plantas de un complejo industrial del tamaño de más de 200 campos de futbol, situado en el suroriente de Juárez, donde la mancha urbana va despareciendo en favor del desierto de la frontera del estado de Chihuahua con Estados Unidos.
“Ha sido una actitud muy irresponsable por parte de Electrolux y hasta criminal en un momento dado, porque ellos sabían que había personas contagiadas y estuvieron ocultando todo lo que estaba pasando”, dice meses después bajo condición de anonimato uno de los obreros que protestaron aquel día y que fue despedido. “(Los compañeros) entraban y salían del consultorio uno tras otro, era mucha la gente que estaba yendo a trabajar enferma, con síntomas de fiebre, de gripa o de Covid”.
Esas semanas Electrolux y varias autoridades guardaron silencio en público. La empresa apenas se pronunció el 16 de abril en un comunicado interno en el que aseguraba que solo una persona se había contagiado y ya había sido dada de alta del hospital. Pero otros tres trabajadores de la empresa, que siguen en la compañía y piden el anonimato por temor a represalias, confirman que cada vez más compañeros presentaban síntomas del coronavirus. Uno de los obreros contagiados, según el testimonio de su esposa, llevaba 20 días hospitalizado.
Treviño Martínez, el esposo de Gregoria Contreras, le había pedido que no fuera a trabajar desde finales de marzo. Pero mientras otras maquiladoras cerraban y seguían pagando a sus empleados entre el 50% y el 100% del salario, según dieron a conocer sindicatos y agrupaciones empresariales, sus jefes le habían dicho que si se ausentaba la despedirían. Le había costado 14 años, horas extras, fines de semana y migrar desde Chinampa de Gorostiza, Veracruz, lograr un sueldo de unos 2,000 pesos a la semana. Con cuatro hijos no quería empezar en otra empresa desde abajo.
Las únicas maquiladoras que podían operar aquellas semanas, según la orden federal, eran las que se dedicaban a insumos hospitalarios, pero en Chihuahua, el gobierno de Javier Corral, también responsable de implementar las nuevas medidas, permitía que Electrolux siguiera fabricando electrodomésticos como si se tratara de una actividad esencial.
El 8 de abril, el día siguiente de las protestas, la empresa repartió mascarillas y una solución de cloro para que los empleados se lavaran las manos. Gregoria Contreras ya no estaba soldando los tubos de cobre de los evaporadores, las piezas que regulan la temperatura de los frigoríficos. Cuando llegó a casa la madrugada anterior su tos era más fuerte, tenía fiebre y dolores musculares.
Goyita, como la llamaban sus familiares y amigos, acudió al consultorio de una farmacia donde le dieron tratamiento para gripe, cuenta su esposo. Su salud continuó empeorando. Ella no quería ir a ningún centro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Varios pacientes habían denunciado ante la prensa la saturación del sistema público de salud. La familia decidió llamar al teléfono del gobierno estatal para atender a las personas con sospecha de coronavirus. Recuerdan que solo les dijeron que se quedara en casa y tomara paracetamol. Dos semanas después Gregoria Contreras se hizo una prueba en una clínica privada, por la que su familia pagó alrededor de 10,000 pesos. El resultado fue positivo.
El 18 de abril comenzó a delirar. Murió camino al hospital en un coche particular. No había ninguna ambulancia disponible para el traslado.
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Cuando Gregoria Contreras dio positivo en la prueba por Covid-19 su familia dice que llamó a Electrolux para avisar del motivo de su ausencia. La maquila siguió operando, aunque unos días antes se había confirmado un brote de coronavirus con 13 muertos en Lear Corporation, un gigante de la industria automotriz que emplea a unas 24,000 personas en sus maquilas de Ciudad Juárez. En ninguna de las videoconferencias de prensa del gobierno de Chihuahua sobre la situación de la pandemia durante aquel mes de abril se mencionaron los contagios en Electrolux. Tampoco aparecen en los datos de la Subdirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud sobre esos brotes en el estado hasta el 30 de septiembre obtenidos vía transparencia. Pero en los mensajes de la aplicación móvil interna de la empresa, a la que tienen acceso todos los empleados, se registraron los anuncios de la muerte de cinco trabajadores por la pandemia, tres mujeres y dos hombres que se contagiaron entre la última semana de marzo y las tres primeras de abril. Las actas de defunción y los familiares de los fallecidos lo confirman. Electrolux no contestó ni los mensajes escritos ni las llamadas de esta reportera para conocer su versión.
“Con profunda tristeza, le comunicamos la reciente pérdida de dos compañeras de nuestra familia Electrolux. Gregoria (Contreras) González falleció el domingo 19 de abril (fue el 18), aparentemente como resultado del virus Covid-19…”, se lee en un mensaje del 24 de ese mes, donde también se anuncia la muerte de una compañera y amiga de Gregoria en la planta de refrigeradores, fallecida el 21 de abril.
Gregoria Contreras fue la primera fallecida, aunque no aparece entre las más de 141,248 víctimas oficiales de la pandemia en México porque la causa de muerte de su acta de defunción es “insuficiencia respiratoria aguda y síndrome de estrés respiratorio agudo”, a pesar de su prueba positiva por Covid-19.
“A muchas empresas les valió, no quisieron parar, empezando por Electrolux, (las autoridades) nomás decían que ya había que parar”, dice Treviño Martínez, el esposo de Goyita, que lleva cuarenta años trabajando en maquiladoras. “El gobierno siempre está a favor de los empresarios, de la gente de arriba… cuando uno es jodido va jodido por todos lados”.
Ciudad Juárez es la segunda urbe de México con mayor presencia de industria manufacturera. Cerca de 300,000 personas trabajan en unas 320 plantas que fabrican principalmente equipo de transporte, computación y accesorios electrónicos. Según datos de la propia Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX), esos trabajos representan el 67% del total de la ciudad. De enero a julio de 2020, las remuneraciones pagadas al personal de las maquiladoras fueron de 29,348 millones de pesos. En ese primer semestre las importaciones y exportaciones del sector alcanzaron más de 400 mil millones, según el mismo informe. Los trabajadores y familiares de los fallecidos entrevistados para este reportaje, como Treviño Martínez, denuncian que las autoridades privilegiaron la producción por encima de la salud de los obreros.
El 17 de abril, tres días después de la confirmación de las muertes en Lear Corporation, la secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Chihuahua, Ana Luisa Herrera, anunció que 64 empresas de la industria manufacturera habían cerrado, otras 35 continuaban abiertas con restricciones y 28 que se dedican a actividades no esenciales continuaban en operación. Herrera también dijo que “hay mucha criminalización (contra las maquilas)” y a la vez que había recibido más de mil quejas de trabajadores sobre el incumplimiento de acuerdos sobre salarios y suspensión de actividades. En los siguientes días, las autoridades intensificaron las inspecciones para detectar qué empresas estaban incumpliendo la orden federal y obligarlas a suspender actividades.
El 21 de abril, Electrolux anunciaba su cierre voluntario en un comunicado interno porque, según su versión, aunque el gobierno de Chihuahua había catalogado como esencial la producción de electrodomésticos, el gobierno federal tenía otro criterio. “Esto significa que, en todo México, muchas fábricas y empresas que se consideraron esenciales ya no pueden operar y esto incluye el campus de Juárez, que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”. Las autoridades no impusieron ninguna sanción. El 15 de mayo, Electrolux donó al gobierno de Chihuahua cuatro refrigeradores, caretas, guantes y mascarillas N45 para el personal de salud.
La compañía no se pronunció públicamente hasta el 6 de mayo, después de que la prensa sueca publicara varios artículos sobre su operación en México en medio de la pandemia. En su página web aseguraba que desde marzo había tomado todas las medidas de seguridad, al contrario de los testimonios de trabajadores, familiares de los fallecidos y de tres videos grabados el 7 de abril durante las protestas donde se ve que la inmensa mayoría de los trabajadores y representantes de Electrolux no llevan mascarillas. La empresa reconocía dos muertos y pedía que no se especulara sobre si se habían contagiado dentro o fuera de sus instalaciones porque era imposible saberlo. Para ese entonces, según su comunicación interna, ya tenían conocimiento al menos de cuatro muertes. Ese 6 de mayo moría la quinta empleada. En su acta de defunción se lee que la causa de su muerte fue “choque séptico, neumonía viral y Covid-19”.
El primer contagio entre los fallecidos fue el de Andrés Gómez Ascencio. Acudió al trabajó por última vez el 25 de marzo. Dos días después fue internado en un hospital público. Cuando Electrolux comunicó internamente que el único caso positivo por Covid-19 ya había sido dado de alta, Andrés Gómez seguía internado en el hospital. No lo abandonaría hasta su muerte el 30 de abril. “Con profunda tristeza compartimos la muerte de dos miembros más de nuestro equipo debido a COVID-19…”, dice el mensaje en el que Electrolux anuncia el fallecimiento de Andrés Gómez y otro compañero de la planta de refrigeradores.
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El miércoles 25 de marzo, casi un mes antes del cierre de Electrolux, Andrés Gómez comenzó a sentir un intenso dolor en la espalda que le cortaba la respiración. Había tenido molestias durante semanas en las que prefería recostarse bajo las máquinas en vez de bajar a comer a la cafetería para ahorrarse el bajar y subir de las escaleras. Aquella mañana abandonó su puesto como operador de maquinaria para la fabricación de refrigeradores en la misma planta en la que trabajaba Gregoria Contreras. Apenas sin poder mantenerse en pie se dirigió a la enfermería, donde últimamente le recetaban analgésicos para el dolor, y conseguir así el justificante que le permitiera la salida de la nave industrial. La espera se prolongó durante tres horas porque estaba cerrada. En ese tiempo, cerca de las siete de la mañana, llamó a su esposa para decirle que le fuera a recoger a la empresa y lo llevara al hospital. Andrés Gómez, recuerda su mujer, hablaba con dificultad. Cuando al fin logró el boleto de salida caminó sin ayuda durante medio kilómetro hasta que se quedó sin aliento. Lluvia Soto encontró a su marido tirado en una banqueta, bajo un gran letrero de Electrolux, la empresa en la que había trabajado los últimos 14 años.
Ese día, Andrés Gómez, un hombre de 42 años originario de Agua Dulce, Veracruz, fue rechazado en el Hospital General Regional 66 del IMSS, el primero que fue habilitado para el tratamiento de Covid-19 en Ciudad Juárez. Aunque cada semana le descontaban de su sueldo la cuota para tener derecho a las prestaciones, ese día le negaron el servicio porque, recuerda su esposa, el hospital estaba lleno de pacientes con síntomas de coronavirus y no había ni una camilla disponible para poderlo recibir. Que empezara a escupir sangre tampoco cambió la situación.
Sin un diagnóstico y sin ningún medicamento que le permitiera controlar al menos el dolor, Andrés Gómez se refugió en casa el resto del día. El jueves, preocupado, pidió a su esposa que avisara a su jefe de que no podría asistir al trabajo porque seguía enfermo. “El supervisor me dijo que estaba bien, que le iba a poner la semana de vacaciones que tenía pendiente para que no le afectara”, dice Lluvia Soto. El viernes por la mañana, Andrés Gómez no soportó el dolor y pidió a gritos que lo llevaran al hospital para recibir atención médica. La familia lo llevó a un puesto de socorro de la Cruz Roja, donde tampoco lo atendieron. Después lo llevaron a una clínica particular, donde el médico les informó que el estado de salud era crítico y que tenían que ir al hospital. Finalmente, el 27 de marzo, dos días después de ser rechazado, Andrés Gómez ingresó en Hospital 66 del IMSS.
Ni Lluvia Soto ni sus dos hijos pequeños de nueve y un año lo volvieron a ver. Durante los 35 días que estuvo internado el hospital apenas le dio información a su esposa sobre su estado de salud, ni siquiera le confirmaron que se hubiera contagiado de Covid-19. El 30 de abril le avisaron de que había muerto. “Choque séptico, neumonía viral no especificada y sospecha de coronavirus SARS CoV2”, se lee en su acta de defunción.
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El 1 de junio de 2020 Chihuahua inauguró la nueva normalidad. Las actividades consideradas esenciales se ampliaron a la industria aeronáutica y automotriz, entre ellas las maquilas de Lear Corporation, donde habían muerto trece personas. El Grupo Electrolux también reinició ese día su actividad. De los 125 trabajadores que se habían manifestado el 7 de abril, el último día de trabajo de Gregoria Contreras, 99 habían sido despedidos.
La empresa informó que después de una investigación interna había llegado a la conclusión de que los despidos eran justificados porque los manifestantes se negaron a seguir las pautas de seguridad y regresar a sus puestos de trabajo. El 13 de noviembre, sin embargo, acordó negociar individualmente con los trabajadores que no aceptaron la liquidación. “Alegan que nosotros violamos las medidas, ninguno de ellos usaba un cubrebocas cuando nos despidieron, ¿por qué no lo llevaban?, porque no había ninguna medida, los que en ese tiempo lo llevábamos era porque lo traíamos desde nuestras casas”, dice uno de los exempleados que fueron despedidos después de la protesta. Él inició una demanda junto con otros 18 trabajadores porque, dice, la empresa quiso que firmara un papel de renuncia voluntaria y solo le querían liquidar con 50,000 pesos después de 14 años como empleado.
Según Tony Karlsson, un activista sueco que investiga lo ocurrido en las plantas de Electrolux en Ciudad Juárez, un total de 32 obreros iniciaron un juicio laboral contra la empresa, aunque tres de ellos acabaron aceptando la liquidación porque necesitaban el dinero. IndustriALL, la organización global a la que pertenece el sindicato de los trabajadores de Electrolux en Suecia, exigió en un comunicado publicado el 8 de diciembre compensaciones para los obreros despedidos durante la pandemia. “La situación en Ciudad Juárez todavía es crítica y Electrolux no puede ignorar el derecho de los trabajadores a una protección adecuada y a una compensación”, dice en el texto Kan Matsuzaki, director del sector electrónico de IndustriALL.
Las familias de Gregoria Contreras y Andrés Gómez se quejan de la falta de apoyo de Electrolux. “Fui a la empresa porque me dijo mi hija que debería preguntar si iban a ayudar en algo. Me dijeron que no”, recuerda Treviño Martínez. Lo único que recibió fue 100,000 pesos en concepto de finiquito por los 14 años de su esposa en la empresa. En el caso de Lluvia Soto, además de la misma compensación económica, recibió dos despensas. “Con eso no comían mis hijos ni una semana”, se lamenta.
A finales de octubre, el estado de Chihuahua volvió a semáforo rojo. En las ruedas de prensa las autoridades del estado siguen sin ofrecer los nombres de las maquilas donde se producen los contagios, incluso a las preguntas de los periodistas sobre casos concretos. Ana Luisa Herrera, la secretaria de Trabajo de Chihuahua, informó que se estaban haciendo de nuevo inspecciones para que las empresas cumplieran las nuevas restricciones, anunció sanciones de entre 20,000 y 500,000 mil pesos, y exhortó a que las compañías que no se dediquen a una activad esencial cerraran de manera voluntaria antes de que las obligaran las autoridades.
El 23 de octubre, un día después de que Javier Corral anunciara que Chihuahua se convertiría en el primer estado del país en regresar al semáforo rojo, varios trabajadores de Electrolux publicaron en sus redes sociales mensajes de comunicación interna para denunciar un nuevo brote con 42 contagios. La responsable de comunicación de la empresa en México, Eloise Hale, confirmó el hecho a El Diario de Juárez. Posteriormente declararía al mismo diario que el brote había afectado a 138 personas y tres empleados habían muerto. En esta ocasión, a diferencia del comunicado de la empresa del 16 de mayo en el que se pedía no especular sobre el origen de los contagios, Hale aseguró que los trabajadores afectados le dijeron que creían que se habían contagiado en su comunidad, no dentro de la nave industrial. Aunque el 25 de noviembre El Diario de Juárez publicó una nueva nota en la que elevaba el brote a 167 contagios, la empresa, que desde finales de octubre enviaba cada semana un mensaje interno con la actualización de contagios, ha vuelto a guardar silencio.
La versión de la empresa, que sigue funcionando a plena capacidad, es que desde marzo ha cumplido con todas las normas de seguridad. Tres obreros consultados explican que solo desde el 8 de abril, cuando Gregoria Contreras ya no había regresado a su puesto como soldadora y Andrés Gómez llevaba casi dos semanas ingresado en el hospital, se reparten mascarillas y gel, pero por la velocidad de las líneas de producción es imposible guardar ninguna distancia. Denuncian, además, que después de este nuevo brote no se han detenido las operaciones en las áreas en las que se han detectado los contagios.
Los comunicados internos de Electrolux, además, no solo muestran que los contagios han llegado a 167 desde su reapertura en junio. Más allá del registro semanal de contagios, en la aplicación se enviaron cuatro mensajes de condolencias por la muerte de cuatro trabajadores, no de tres como dijo la vocera. Todos ellos hombres fallecidos en octubre. En total nueve empleados habrían muerto por Covid-19 en la línea de producción de Electrolux desde el inicio de la pandemia. La planta sigue funcionando a pleno rendimiento. (Fuente: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)
