CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Al reunirse de manera virtual con senadores del Partido Acción Nacional (PAN), el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el caso en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya “está vivo” y a más tardar en seis meses tendrá que ser juzgado, publicó infobae.com.
Durante el encuentro privado, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones, el fiscal les precisó que Emilio Lozoya Austin “está en calidad de imputado, en un proceso, que están analizando la información bajo la figura que él solicitó, testigo colaborador”, así lo reveló la senadora Xóchitl Gálvez.
Gertz Manero les dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue investigando si la información denunciada por Emilio Lozoya es lo suficientemente sólida, “sino, tendrá que ser juzgado en un caso de seis meses, sino, la siguiente audiencia, creo que por ley, se había pospuesto, pero aseguró que este es un caso que está vivo”, aseguró la senadora panista.
Tanto Xóchitl Gálvez como el senador Damián Zepeda informaron ─en conferencia de prensa posterior─ que durante el encuentro mostraron la voluntad que tiene la bancada de apoyar toda aquella reforma que fortalezca las capacidades institucionales, profesionales y la autonomía e independencia de la Fiscalía.
“El sistema de justicia está colapsado. Los datos del Inegi más recientes fueron materia de análisis, pero son brutales, o sea, de 30 millones de delitos que existen en el país, apenas el 10% se denuncia, y de eso sólo el 7% se abre una carpeta de investigación, y de eso cerca de la mitad, es decir, sólo el 3.5% tiene una sentencia”, señaló Zepeda.
Los legisladores señalaron que en el encuentro se platicaron las alternativas que se puedan trabajar en conjunto para mejorar el sistema de justicia, particularmente en justicia cívica, una alternativa a la penalización, “que no nos ha llevado en muchos casos a verdaderamente reparar el daño a la víctima y a generar mejores condiciones de paz y de convivencia en el país”.
Asimismo, se habló sobre el fortalecimiento del combate a la corrupción y el no uso de las instituciones con fines políticos.
Por su parte, Xóchitl Gálvez demandó una investigación profesional en casos como los ventiladores vendidos por el hijo de Manuel Bartlett; el de la Conade, donde hay presuntas irregularidades por parte de su titular, Ana Gabriela Guevara; el tema de la heparina contaminada en el hospital de Pemex en Tabasco y que llevó a que varios trabajadores fallecieran; el caso de Pío López Obrador; y en el “apagón” de la CFE.
“Entonces, el acuerdo que hicimos fue el tener una reunión a mayor detalle para darle seguimiento a estos casos con la fiscal anticorrupción, y yo estoy segura de que, bueno, hay que avanzar”, indicó.
Hasta el momento, se sabe que Emilio Lozoya podría presentarse a comparecer ante un juez federal a mediados de marzo, con la finalidad de que se determine si la autoridad judicial acepta o no el criterio de oportunidad, a partir de los cargos que enfrenta por, presuntamente, haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Por este caso, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, es el primer político llamado a comparecer luego de las acusaciones que Emilio Lozoya hizo en su contra.
En una declaración de 63 páginas, Emilio Lozoya Austin, alegó que funcionarios y legisladores aceptaron sobornos, recibieron pagos ilícitos y se involucraron en actos de corrupción durante varios años.
Con el objetivo de aprobar las reformas estructurales del Pacto por México, indicó en el documento, el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Luis Videgaray Caso, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le ordenaron repartir montos importantes de dinero a la oposición.
En bolsas transparentes, Lozoya Austin entregó recursos en efectivo a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN). Citando el archivo correspondiente a su declaración: “no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona, con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales de Odebrecht y otras empresas extranjeras”.
En seguida, menciona el nombre de los funcionarios presuntamente involucrados en la red de corrupción: “El grupo que ejecutaba estas extorsiones, era el compuesto por Francisco Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury”.
Agregó que en su oficina, ubicada en Marina Nacional 329, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, recibía constantemente a los legisladores de oposición, “cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética”. (Fuente: infobae.com)
