CANCÚN, MX.- La viabilidad económica del Tren Maya y la afectación que puede causar a las comunidades mayas y al ambiente han sido puntos muy cuestionados en la actual administración presidencial y a eso se suma la auditoría de 156 millones 106 mil pesos y otros 20.7 millones de pesos en contratos y otros trámites por esa obra.
Alejandro Varela, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aclaró que la auditoría es sólo una observación, no implica una responsabilidad o un proceso sancionatorio.
“El 90 por ciento de las observaciones son solventadas y sólo un pequeño porcentaje es sancionada; hay procedimientos resarcitorios si se demuestra que hubo daño y su solventación puede llevar meses”, dijo.
“Las observaciones no son concluyentes y el porcentaje de solventación es altísimo. Son observaciones, no situaciones definitivas; si no se solventan tienen asociado un monto por daño y llegan a procedimientos, primero resarcitorios; si hubo conducta dolosa, se procede con una denuncia, pero es muy pequeño el porcentaje que llega a un procedimiento penal”, reiteró.
Hay muchas dudas sobre el proyecto, dijo. El objeto de la Auditoría Superior es saber si el recurso aprobado por el Legislativo en el Presupuestos de Egresos de la Federación se aplicó debidamente al objeto al que fue destinado en el presupuesto y no a la interpretación de las políticas públicas.
“Creo que la interpretación de un proyecto o de una política pública se separa de la función que tiene encomendada, que es vital para el equilibrio entre el gasto autorizado por el Legislativo y el ejercicio del Ejecutivo, pero son apreciaciones subjetivas”, indicó.
El funcionario insistió en que un proyecto de cuatro o cinco años no puede ser evaluado en su etapa de inicio o planeación y no es la encomienda constitucional ni la parte estructural ni su función pronunciarse sobre responsabilidades financieras o cuestiones ambientales.
Para eso tenemos al Departamento de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, que es la que hace el análisis de costo-beneficio de los proyectos, y a la Comisión de Presupuesto, que da el voto de confianza, continuó. También tenemos a la Semarnat para que sancione la viabilidad de los proyectos, todo eso ya trascendió nuestras funciones, ya tenemos las autorizaciones.
Sin embargo, reconoció que hay 15 amparos promovidos por asociaciones civiles contra el proyecto del Tren Maya, pero que no son de comunidades mayas, son ONG con nombres en maya.
“Las comunidades mayas se rigen por usos y costumbres y por sus asambleas, ninguna asamblea ni comunidad se ha manifestado mediante sus órganos legítimos”, aseguró. (Infoqroo)
