Por Saraí Reyes
CANCÚN, MX.- Un año y medio tardó el gobierno de Mara Lezama en evidenciar la red de corrupción dedicada al despojo de viviendas que operaba desde la dirección de ingresos coordinados, de las que han logrado recuperar 8 casas, 50 están en procedimiento y se suman 15 nuevos casos denunciados este día.
Los primeros minutos de este miércoles la presidenta municipal, Mara Lezama, denunció que había tomado cartas en el asunto para desarticular una red de corrupción que operaba en el gobierno municipal, pero en la conferencia de prensa de esta tarde se dio a conocer que se trataron únicamente de 9 exfuncionarios de las anteriores dos administraciones encabezadas por Remberto Estrada (2016-2018) y Paul Carrillo de Cáceres (2013-2016).
Sin precisar los nombres, la contralora municipal, Reina Arceo dio a conocer que de los 9 ex funcionarios públicos, cinco son por conductas graves y 4 con conductas no graves, quienes a través de procedimientos administrativos irregulares se adjudicaban vivienda afectando a habitantes de Benito Juárez.
Por lo anterior se inició la investigación correspondiente32/2019 para sancionar la irresponsabilidad de los servidores públicos, al reconocer que desde hace un año y medio tuvieron conocimiento del primer caso.
“El gobierno municipal hace un llamado a los ciudadanos que hayan sido víctimas, a que se presenten a la contraloría para formalizar su denuncia para apoyar en los procedimientos y quejas de los ciudadanos que fueron víctimas y puedan recuperar sus viviendas, en el transcurso de la mañana de hoy se presentaron 15 personas denunciando ser víctimas de esta situación”, informó.
Abundó que por el sigilo que requiere la investigación no pueden dar a conocer los nombres de los ex funcionarios involucrados, y resaltó que las situaciones no graves serán sancionadas por la Contraloría, mientras que las graves corresponderán a la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, el síndico, Heyden Cebada, explicó que el procedimiento administrativo que expide la dirección de ingresos sólo es para requerimiento de pago para que cumplan con sus obligaciones de impuesto predial, solo en caso de incumplimiento se generar otro tipo de acciones como un crédito fiscal, pero no para despojar de sus viviendas a los contribuyentes.
En tanto, la secretaria general, Flor Ruiz Cosío, dio a conocer que estos temas no prescriben y tienen un periodo de validez de 10 años para sancionar las irregularidades de los ex funcionarios municipales, esto derivado de las modificaciones que ha sufrido la Ley de Responsabilidades Administrativas y que permiten proceder contra los ex servidores públicos y las reparaciones pueden derivar desde el resarcimiento del daño, inhabilitación y sanciones penales que determine la Fiscalía Anticorrupción. (Noticaribe)
