CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Cámara de Comercio Internacional de México anticipó que desde ahora se registrará una lluvia de amparos y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de la Industria Eléctrica que hoy entró en vigor, publicó mvsnoticias.com.
En conferencia de prensa virtual, Claus Von Wobeser, presidente de la ICC, aclaró que como cámara no se inconformará, sin embargo es seguro que todas las empresas afectadas sí ejercerán este derecho, sobre todo la fotovoltáicas y eólicas.
Además de empresas de otros países que apelarán para defender sus derechos e inversiones en paneles internacionales.
Por su parte, Alejandro Ogarrio presidente de la Comisión de Arbitraje advirtió de las afectaciones en materia económica y ambiental que traerá consigo esta ley.
Los miembros de ICC México, confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé marcha atrás a esta ley de la Industria Eléctrica.
Von Wobeser advirtió que si el gobierno no da marcha atrás se estaría enviando un mensaje muy negativo a los inversionistas extranjeros, particularmente en estos momentos en los que México necesita de nuevas inversiones para reactivar la economía y otros países como China están acaparando más mercado.
Los principales puntos de dicha reforma
- Cambia prioridades en plantas de CFE (Comisión Federal de Electricidad) Modifica el orden de prioridad de las plantas generadoras de energía para “alimentar” el sistema eléctrico, dando prioridad a la Comisión Federal de Electricidad.
- La CRE (Comisión Reguladora de Energía) revisará e invalidará permisos de autoabastecimiento.
- Ordena la revisión de los contratos con productores independientes de energía eléctrica para garantizar su legalidad y rentabilidad para el gobierno federal.
- Se eliminará el mecanismo de subastas organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para la compra de energía adicional a particulares, beneficiando a centrales eólicas y solares.
- La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dispondrán de un plazo de 6 meses, una vez entrada en vigor la reforma, para modificar todos los acuerdos expedidos en materia de energía eléctrica, con el fin de alinearlos a lo previsto en el decreto. (Fuente: mvsnoticias.com)
