ESTADOS UNIDOS.- Emma Coronel Aispuro, en resguardo en la cárcel local del condado de Alexandria, en Virginia, renunció a su derecho a tener una audiencia preliminar, la cual aun no tenía una fecha establecida, publicó Milenio.
Según la Ley Federal de Procedimientos Criminales de Estados Unidos, entre las razones para renunciar a una audiencia se encuentran que el acusado puede ser dejado en libertad por falta de pruebas.
“Entiendo que se me ha acusado de un delito en una denuncia penal presentada en este tribunal, o se me ha acusado de violar los términos de libertad condicional o libertad supervisada en una petición presentada en este tribunal”, dijo Coronel en una carta dada a conocer esta tarde en la corte.
“Estoy de acuerdo en renunciar a mi derecho a una audiencia preliminar”, concluyó.
La ley citada permite a un acusado de un delito no menor, renunciar a la audiencia ante un juez magistrado. Las razones pueden ser muchas, desde que el distrito en donde fue detenido no sea donde se cometieron los crímenes, buscando de ese modo que la audiencia se celebre en el lugar donde el enjuiciamiento esté pendiente.
También puede ser que “el tiempo razonable” de 14 días después de la primera comparecencia si el acusado está bajo custodia, se haya cumplido sin tener una fecha establecida para la siguiente, pero una tercera es que finalmente el juez de primera instancia no encuentra una causa probable para creer que la acusada ha cometido un delito, por lo que debe desestimar la denuncia y poner a la acusada en libertad.
En días pasados, Mariel Colón, una de las abogadas de Emma Coronel aceptó que ésta se encontraba en negociaciones con la fiscalía. En su primera audiencia y ante el hecho de ser detenida sin existir aun una acusación formal, la fiscalía argumentó que el caso apenas había sido turnado a un jurado que finalmente iba a aceptar la acusación para formular los cargos.
Tres semanas después, el dictamen nunca apareció. Pero luego de dicha audiencia, celebrada el 12 de febrero, sigue sin aparecer el dictamen con los cargos que la fiscalía consideraba fincar en contra de la esposa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. (Fuente: Milenio)
