Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- En medio de la exigencia para la aprobación de una nueva Ley General de Aguas, activistas denuncian que desde 1988 a la fecha son alrededor de 13 empresas las que han obtenido 536 mil concesiones de aguas superficiales y subterráneas en la Península de Yucatán, las cuales son consecuencia de extractivismo, por lo que piden revisión de concesiones.
De acuerdo con los integrantes de la Asamblea Socioambiental Peninsular (ASP), Consejo Ciudadano Agua Yucatán (CCAY) y Movimiento Agua, las empresas que han sido beneficiadas con estas concesiones son Bachoco, Cemex, cementera Cruz Azul, Nestlé, Bimbo, cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo.
También han sido beneficiadas la Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Femsa Coca Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).
A estas empresas también se suman las de giros automotrices, mineras y grandes agroindustrias, así como las que forman parte de la industria turística, entre otros.
Ante esta situación, los activistas piden la revisión de todas las concesiones que se han otorgado a estas empresas y dado el caso, de ser necesario, que sean canceladas.
“Considerando que el mismo lugar de donde extraemos agua para beber y para satisfacer todas nuestras necesidades domésticas, es el mismo a donde vaciamos nuestras aguas sucias y contaminadas. Exigimos a los gobiernos de la Península de Yucatán que se legisle, que expidan los reglamentos y normas para que dejen de aprobarse proyectos altamente contaminantes del acuífero”, anunciaron.
De igual forma, recordaron que la Península de Yucatán es vulnerable por los sistemas kársticos, por las prácticas no sostenibles y contaminantes sobre el recurso hídrico y por la violación sistemática a la legislación ambiental.
De igual forma, aseguran que las instituciones tales como la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) y el Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) son la caja chica de los gobiernos.
“Demandamos una auditoría a dichos organismos operadores al menos desde hace tres sexenios atrás a la fecha. De igual forma, ante el encarecimiento del agua para la población por compañías embotelladoras y la venta de agua de dudosa calidad, demandamos que dichos organismos reinstalen el Sistema de tratamiento Completo del Agua y que no solo la cloren, para que el acceso al agua para beber sea efectivo”, agregaron los denunciantes.
Estudios realizados desde 2015 en el Anillo de Cenotes, desde Celestún hasta Dzilam de Bravo han mostrado altos niveles de concentración de plaguicidas organoclorados, lo que ha provocado proliferación de algas, mareas rojas y sargazo que actualmente está afectando a la costa península. (Noticaribe)
