CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Pleno de la Cámara alta aprobó este jueves, en lo general y lo particular, la reforma al Poder Judicial que da paso a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación modificando cuatro leyes y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Con estos cambios, se robustecen las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se extiende el periodo del ministro presidente al frente del Máximo Tribunal hasta 2024.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo en noviembre de 2020 que la reforma propuesta se sustenta sobre los siguientes ejes: fortalecer la Suprema Corte como un tribunal constitucional, establecer un sistema de precedentes en el cual, con un solo precedente se pueda vincular con todos los jueces del país; fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual, así como agilizar los procedimientos de investigación.
Otro de los ejes, dijo, es reforzar la formación judicial, para lo que se propone la creación de una escuela de formación judicial con altos estándares de calidad, donde puedan prepararse con los métodos más modernos y con la posibilidad de celebrar convenios con diferentes entidades para capacitar a los jueces.
Fúrica reacción de opositores
El artículo que desató la polémica fue una reserva presentada por el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, aliado de Morena. Incluso durante la votación, varios senadores del opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional) votaron a favor, sin haber visto la adición, se posicionaron a favor, generando una amplia mayoría de 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.
Una vez concluida la votación, que la oposición criticó ya que supuestamente Morena no permitió corregir el sentido de la votación de varios senadores como se ha permitido hasta ahora en los formatos a distancia, la reforma quedó concluida, confirmó Ricardo Monreal, líder de la mayoría en el Senado, echando la responsabilidad a la Cámara de Diputados, a quien se le enviará el dictamen este mismo jueves.
El artículo transitorio argumenta que la ampliación de los mandatos es “con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente decreto”, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México y que la oposición denunció que no fue compartido con ellos hasta el final de la votación.
“He de decir, que todo el procedimiento violenta no solo la Constitución, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el reglamento, sino de manera más grave la confianza con la que se ha venido trabajando en este Senado, y en particular en la Comisión de Justicia”, aseveró la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu.
Es cierto que la Secretaría leyó una propuesta de reserva de adición, pero cuando nosotros quisimos buscar en el sistema el texto de la misma, no lo encontramos
Esto provocó una brava reacción opositora.
La senadora del PAN (Partido Acción Nacional) Kenia López Rabadán remarcó que se trataba de “un asalto”. “Un golpe de estado. Quieren todo, quieren los tres poderes”, remarcó. Su compañera de bancada Xóchitl Gálvez, calificó a la mayoría de Morena como “bandidos”. “Jamás se publicó el documento. Hay un agandalle. Son unos corruptos”, elevó la voz desde la tribuna del Pleno.
Otros fueron aún más allá. El senador panista Damián Zepeda también calificó la votación como un “golpe de Estado al Poder Judicial”. “Mañana un transitorio le puede ampliar el mandato al presidente de México, entonces”, añadió.
Y es que Monreal, que subió a la tribuna para calmar los ánimos y responder los señalamientos de los partidos inconformes, aseguró que esa comparación “no procedía”, pero que “la naturaleza jurídica de los transitorios y su temporalidad sí pueden aplicar en contrario sensu de normas jurídicas aplicables”, en referencia a la medida que va contra lo que manda la Constitución, es decir, un periodo de cuatro años sin posibilidad de reelección para el presidente de la Corte. (Fuente: El Financiero / infobae.com)
