Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Al menos a 10 exfuncionarios les fueron retiradas las pensiones que a su salida de funciones les habían sido otorgadas por el exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, las cuales iban desde los 19 mil pesos hasta los 46 mil pesos mensuales y que anualmente representaban al estado un costo hasta de 4.3 millones de pesos.
Al finalizar su gobierno, Zapata Bello dejó pensiones a funcionarios que estuvieron en su gabinete, sin embargo, el gobierno de Mauricio Vila Dosal evaluó las condiciones bajo las que estaban las pensiones y fue decidido que les fueran retiradas.
Algunos de los exfuncionarios que recibían este tipo de pensión son Eduardo Batllori Sampedro y Daniel Quintal Ic, extitulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Obras Públicas o Fernando Castro Novelo, director de Comunicación Social.
Al saber de la decisión tomada por el gabinete de Vila Dosal, los exfuncionarios buscaron un amparo, pero al parecer las pruebas no han sido suficientes para que les sea devuelta la pensión que recibían.
Al respecto, el Consejero Jurídico estatal, Mauricio Tappan Silveira, dijo que fueron halladas inconsistencias en los procedimientos mediante los cuales les otorgaron las pensiones a estas personas que ocuparon cargos públicos en la administración pasada.
Fue a través de un resolutivo emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán que fue dado a conocer que las personas recibían incluso hasta 46 mil pesos mensuales de pensión, haciendo un total hasta de 4.3 millones de pesos al año.
Es decir, el total de gastos entre sólo 10 personas asciende a 4 millones 394 mil pesos al año.
Otra persona que estaba dentro del listado de los exfuncionarios que recibían dinero actualmente es José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fue representante del exgobernador Rolando Zapata Bello en la Ciudad de México.
Otras personas que también recibían este tipo de pensiones son los exdirectores Ariel Enrique Azcorra Padilla, del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial de Ucú; Jesús Antonio Paz Pineda, de la Unidad de Asesores y Elda María Vargas Jiménez de Procesos Transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas, quienes recibían hasta 40 mil pesos.
En el caso de Fernando José Castro Novelo, de Comunicación Social, recibía 35 mil pesos y Luis Humberto Hoyos Schlamme, de la Fábrica de Postes, cobraba 30 mil pesos.
En el caso de Beatriz Eugenia Solís Sánchez, del Departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Issstey), recibía 25 mil pesos al mes y Gaspar Javier Arceo Peniche, a quien de último momento se le asignó una de 19 mil 219 pesos al mes.
Cabe mencionar que todavía hay siete casos similares más que se encuentran en litigio y en espera de una pronta resolución. (Noticaribe)
