Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aunque aseguró que la construcción del puente vehicular sobre la laguna Nichupté, bajo el esquema de asociación público-privado autorizado por el Congreso del Estado, sigue en firme, el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González reconoció que la administración de la obra puede variar de acuerdo con la procedencia de los 2 mil millones de pesos anunciados por el Gobierno Federal, que hasta el momento se desconocen.
Explicó que en estos momentos se encuentra en análisis si dichos recursos procederán del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonavin) o no.
“La construcción del puente tiene algunas opciones en cuanto a la procedencia de los recursos, pero no ha habido modificación en cuanto a la intención de la empresa ICA de participar en la licitación de la obra”, aseguró.
“La forma de administración de la obra dependerá de la procedencia de los recursos federales”, reiteró.
Cabe recordar que el 25 de agosto, el secretario de gobierno, Arturo Contreras Castillo se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial de Cancún donde aseguró que la aportación federal de 2 mil millones de pesos ya estaba etiquetada en el presupuesto federal y sólo se estaba a la espera de la liberación de los recursos para avanzar con el proyecto.
Incluso dijo que en caso que los 20 pesos por concepto de peaje no fueran suficiente para generar un punto de equilibrio, que arroje ganancias para la empresa que gane la licitación, el Gobierno del Estado aportaría un subsidio para que se mantenga ese equilibrio financiero proyectado.
El 20 de diciembre, por mayoría, los diputados de la XVI Legislatura aprobaron la realización del puente vehicular sobre la laguna Nichupté bajo el esquema de asociación público-privada bajo la premisa que el gobierno Federal anunció la canalización de 2 mil millones de pesos para el proyecto.
El proyecto considerará una aportación de capital privado por 1 mil 35 millones de pesos, un apalancamiento del APP por 1 mil 553 millones de pesos y una subvención federal por 2 mil millones de pesos. Será una carretera de cuota por un período de 28 años.
En el decreto, los legisladores incluyeron la proyección de los recursos a destinar en ese proyecto y se estableció que cualquier modificación que se haga a futuro, se deberá contar con el aval de la legislatura en turno.
La iniciativa, presentada por el gobernador del Estado Carlos Joaquín González, fue estudiada y analizada previamente por los integrantes de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos; con la participación de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Yohanet Torres Muñoz y el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado (AGEPRO), Eduardo Ortiz Jasso.
En su oportunidad, Torres Muñoz, precisó que una APP no es deuda pública, sino un contrato donde el sector privado asume los costos de inversión y operación a cambio de una contraprestación que pagará el Estado en el tiempo.
La inversión estimada asciende a 4,675 millones de pesos, de los cuales 2 mil 675 millones de pesos (57%) serán cubiertos por el Desarrollador del proyecto (empresa privada) y 2 mil 000 millones de pesos (43%) a través de un apoyo federal. (Noticaribe)
