Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Las condiciones socioeconómicas de las mujeres que deciden abortar en Yucatán son un factor que las vulnera, ya que si se trata de aquellas que tienen escasos recursos, corren mucho más riesgo de que las autoridades estatales las encarcelen, indirectamente convirtiéndolas en delincuentes, mientras que aquellas que tienen el dinero suficiente, pueden viajar y acudir a clínicas de otros estados o países para que pasen por un proceso legal y seguro.
Andrea Tamayo Cáceres, abogada feminista e integrante de la asociación Igualdad Sustantiva Yucatán, compartió en los foros con rumbo al 28S, Día de la Lucha por la Despenalización del Aborto, dos casos de este tipo que se han registrado en Yucatán, el de Evelia y Carolina, ambas mujeres que abortaron.
Evelia, mujer maya originaria del municipio Tixméhuac, fue víctima de violación a sus 27 años, acto que resultó en un embarazo.
Posteriormente tuvo un aborto espontáneo y por esta razón, recibió una condena de 12 años y seis meses, y una multa de 154 mil pesos.
El segundo caso es el de Carolina, una joven que a sus 17 años ya llevaba una vida sexualmente activa y se embarazó; ella habló con su mamá y le dijo que no quería tenerlo, así que recibió apoyo y juntas viajaron a la Ciudad de México, en donde con asesoría y cuidado ginecológico se llevó a cabo la interrupción legal del embarazo.
En su caso, su madre la apoyó y pagó el procedimiento, por lo que la joven pudo continuar con su plan de vida y con el cuidado correspondiente.
“Quise contarles estas dos historias porque es importante ver cómo el simple hecho de estar en dos lugares diferentes en un mismo estado, por cuestiones socioeconómicas, culturales y sobre todo el no conocer, no tener acceso a la educación y hasta no hablar español, pueden convertir ante las autoridades a una mujer como delincuente, porque vemos que una sí tuvo las condiciones socioeconómicas para viajar a otro estado de la república y llevar a cabo el aborto seguro y libre sin mayor complicación”, expuso.
Ante este panorama, explicó que datos recabados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) muestran que en 2018, Yucatán ocupaba el lugar más alto en razón de mortalidad materna, es decir, mujeres que mueren durante el embarazo o en el postparto.
Por otra parte, el estado yucateco ocupa el séptimo lugar en embarazo en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años de edad, mientras que un 28 por ciento de la población no es derechohabiente de una institución de salud.
Para la abogada, datos como estos, tienen que ser tomados en cuenta para que en Yucatán las mujeres tengan acceso tanto a la educación, servicios de salud y también cuenten con el derecho de elegir sobre sus propios cuerpos. (Noticaribe)
