Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Por considerar que violó disposiciones contables al utilizar activos de la Secretaría de Finanzas y justificarlo con el rubro gastos a comprobar, un juez determinó la vinculación a proceso de José Alejandro Marrufo Roldán, extesorero en la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
Durante la reanudación de la audiencia inicial del 7 de octubre de este año y que se prolongó por varias horas tras intenso debate entre fiscales y la defensa del imputado, el juez de control determinó la existencia de datos de prueba suficientes para vincular a proceso de Marrufo Roldán, en virtud de que, cuando fungió como tesoro estatal, ordenó disposiciones en efectivo de la cuenta corriente de la Sefiplan al desviarlo de su objeto sin una justificación de su uso y cargando lo a la cuenta de gastos por comprobar.
Cabe recordar que Marrufo Roldán se encontraba en libertad luego que el 11 de junio de 2020, el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal, ordenó dejar sin efecto una orden de aprehensión en su contra, librada en 2018; y el 13 de agosto de 2020 fue liberado un día después de su aprehensión debido a irregularidades en la detención, ocurrida tras un cateo en su domicilio particular, en Mérida, Yucatán.
El ex tesorero enfrentaba una acusación por el delito de daño al erario cometido durante su gestión por 3 mil 430 millones de pesos en agravio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (Sedarpe). Además de irregularidades por mil 850 millones de pesos en participaciones federales.
Cabe señalar que el 23 de agosto, el abogado Miguel Torres Fritz confirmó que un juez de control determinó que no había elementos para vincular a proceso a Alejandro Marrufo Roldán, ex tesorero en la administración de Roberto Borge Angulo y ordenó el archivo de la carpeta.
El abogado consideró que las acusaciones contra Marrufo Roldan tenían un trasfondo político al señalar que se pudo demostrar en todos los procesos que las actividades realizadas eran en función de su responsabilidad como tesorero del Estado y que no existieron ni desvío ni transferencia de recursos irregulares.
Consideró que las acusaciones eran consecuencia de ocurrencias del secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo, quien lejos de realizar las auditorías correspondientes interpuso denuncias por lo que supuso eran irregularidades. (Noticaribe)
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