Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Yucatán es considerado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como un alto consumidor de ejemplares de vida silvestre, ya que entre sus habitantes hay personas que coleccionan tortugas de desierto o serpientes, algunas con procedencia legal y otras provienen de mercados negros.
En entrevista, Jesús Lizárraga, encargado de la Profepa en Yucatán, expuso que en el estado se ha identificado un segmento importante de personas que coleccionan especies silvestres exóticas y entre las más comunes se ubican las tortugas de desierto y diversos tipos de serpientes.
“Se trata de personas que pueden tener un permiso de la Semarnat, pero ¿quién les vigila o les limita para comprar ejemplares ilegales? Ahí es cuanto entra nuestra difícil labor de discernir”, señaló.
Explicó que en los últimos años en el Aeropuerto Internacional de Mérida se han hecho decomisos en coordinación con la Guardia Nacional de diversos ejemplares.
En los últimos decomisos, por ejemplo, han hallado ocho faisanes, dos loros y una tortuga, aunque en todo el año han asegurado 35 ejemplares.
“Se trata de una cantidad menor comparada con el año anterior porque en pandemia sí aumentó el tráfico de especies”, apuntó.
Aclaró que el comercio de ejemplares de vida silvestre sí está regulado, es decir, no está prohibido al cien por ciento, pero para ello se requiere del cumplimiento de ciertos requisitos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Es decir, por ejemplo, la persona que vende debe estar dada de alta ante la dependencia y también los animales deben estar en buenas condiciones y hay que corroborar que vienen de ciertos lugares establecidos y autorizados”, añadió.
Incluso, si las personas que envían y reciben los animales cuentan con permiso también se corrobora que el traslado de los ejemplares sea el idóneo, es decir, que sean trasladados en condiciones dignas que no impliquen algún sufrimiento de por medio.
“También hay que decirlo, hay un comercio irregular, un comercio ilegal, pues la gente que los vende no están dados de alta y por lo tanto, tampoco sabemos cómo están las condiciones de los ejemplares”, señaló.
En los operativos de revisión, la Guardia Nacional detecta si existen ejemplares y llaman a personal de la Profepa, quienes corroboran y verifican si existe documentación correspondiente y también si es válida y oficial.
También se corrobora de dónde provienen y si se trata de establecimientos autorizados; a la par se verifica las condiciones en las que vienen los animales y por cuánto tiempo han estado en los contendedores, pues por ejemplo, un periodo de más de 24 horas ya significa un riesgo.
El funcionario explicó que mayormente cuando se trata de un traslado ilegal, los animales son transportados a través de cajas de paqueterías que son nombradas de otras formas como ‘caja de herramientas’ u otras, por lo que al verificar y observar que se trata de animales, se confirma que se trata de un acto ilícito.
Bajo esta modalidad se han encontrado faisanes de la India, serpientes, tortugas, flamencos y otras especies de aves.
“Incluso el año pasado encontramos un cachorro de tigre de Bengala y un jaguar”, apuntó.
En esta dinámica de decomiso, han hallado que no es que sean especies que salen de Yucatán, sino dijo “están utilizando al estado como un trampolín”, es decir, llegan de otros puntos de la república mexicana, para que desde aquí sean transportados a otros sitios, como Quintana Roo o el extranjero.
“A veces llegan los animales y están durante una estancia temporal para irse a otros lugares, pero afortunadamente se detectan”, aseveró.
Los animales que son decomisados, primero son evaluados por un equipo de veterinarios y posteriormente, si alguno requiere tratamiento se le brinda para que después pueda ser trasladado al Centenario, Animaya u otras Unidades de Manejo Ambiental (UMAs) o predios particulares avalados por la Semarnat.
“Luego, si es un ejemplar de distribución natural y de la región, los pueden liberar, sino son llevados a estas unidades de manejo porque si liberamos a especies que no son de la región, estaríamos haciendo una introducción de especies y esto afectaría”, comentó.
En relación a la aplicación de las multas, dijo que quienes trafican con especies de forma ilegal se pueden hacer acreedores a multas que van desde los 50 mil pesos hasta los 300 mil pesos, además de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Jesús Lizárraga explicó que en estos casos es muy difícil interponer alguna denuncia porque cuando las autoridades identifican a los ejemplares, las personas responsables no aparecen o bien, quien acude a buscar a los animales son personas menores de edad. (Noticaribe)
