CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El litigio del gobierno de México contra empresas de armas en Estados Unidos sigue su curso a más de siete meses de que se presentó la demanda civil en la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts, con la que se busca deslindar responsabilidades por los miles de homicidios cometidos en el país, publicó Expansión.
En el seminario ‘La batalla de Boston. Los fabricantes de armas contraatacan’ —realizado este miércoles en El Colegio de México (Colmex)— Alejandro Celorio, quien es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y lleva la demanda, dio a conocer que la próxima audiencia será el 12 de abril.
Celorio precisó que en la contrarréplica las empresas de armas —que habían pedido más tiempo y extensión para responder— no presentaron argumentos nuevos y reiteraron que ellos siguen los protocolos de EU.
También señalaron que no tienen responsabilidad en cómo las organizaciones criminales en México usan las armas y que, aún si no tuvieran acceso a ellas, buscarían la manera. Argumentaron que el “interés doméstico de EU es más importante que cualquier interés que tenga México”.
Las armadoras también cuestionaron la capacidad del gobierno de México en la demanda, así como el supuesto vínculo entre sus acciones negligentes y el daño ocasionado por sus armas en territorio mexicano, e insistieron en que la ley Protection of Lawful Commerce in Arms (PLCAA) les ofrece inmunidades.
Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon señaló que la respuesta de los fabricantes de armas se da en los “términos previstos, no hay sorpresas,” por lo que México tiene los elementos necesarios para ganar. “Seguimos adelante”, escribió en su cuenta de Twitter este lunes, cuando se recibió la contrarréplica de las demandadas.
Estaba previsto que la respuesta se diera el 28 de febrero, pero fue hasta este 14 de marzo que se presentó, debido –según la Cancillería– a “la contundencia de los argumentos legales del Gobierno de México y el amplio apoyo recibido a través de escritos de Amigos de la Corte que les obligó a esta ampliación”.
En febrero pasado, el consultor jurídico de la Cancillería explicó que una vez que los productores dieran su contrarréplica, un juez decidirá si le da la razón a las empresas y detiene el litigio, o permite pasar a la siguiente etapa, en la que México pediría información sobre la trazabilidad de las armas y sus relaciones comerciales.
En otro seminario del Colmex, titulado ‘La batalla de Boston. México contraataca’, realizado el pasado 1 de febrero, Celorio afirmó que si era aceptado el freno al litigio, las autoridades de México recurrirían a una Corte de Apelaciones, e incluso a la Suprema Corte estadounidense.
El asesor jurídico ha sostenido que PLCAA no exime a las empresa de una responsabilidad ante una ley estatal, argumento que ha sido apoyado también por 14 procuradores estatales —contando al de Massachusetts— y 27 fiscales de distrito, quienes presentaron escritos independientes como amigos de la Corte, en el que manifestaron su interés en que se continúe el litigio en Massachusetts.
Por su parte, la SRE expuso que los representantes legales del Gobierno de México argumentaron en el escrito de respuesta que, al legislar, el Congreso de Estados Unidos lo hace pensando que las leyes solo tienen alcance en su territorio, y cuando su intención es que se apliquen más allá de su país, lo manifiestan de manera explícita en la ley, por lo tanto, “PLCAA no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México”.
Celorio Alcántara explicó que la siguiente etapa es la de producción de evidencia, que permitirá conocer qué tanto saben las empresas del destino de sus productos, y la audiencia para alegatos orales –de la que desconocen fecha–, donde el juez tomará su decisión.
“Es una etapa más del litigio, entonces para nosotros se van cumpliendo las metas, vamos analizando, ya nos habían argumentando esto, ya lo esperábamos”, dijo este martes en entrevista radiofónica.
Quisiéramos que se resolviera positivamente lo antes posible, porque cuando se resuelva este litigio podremos ver una disminución en el número de armas que están impactando a personas. Alejandro Celorio
¿Qué ha pasado desde que se presentó la demanda?
El 4 de agosto de 2021, el gobierno mexicano presentó ante una Corte Federal estadounidense en Boston, Massachusetts, una demanda en contra de productores y distribuidores de armas, a los que acusa de comercio negligente e ilícito del armamento que es traficado a México y llega a grupos criminales.
Unos días después, el 20 de agosto, la Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio en contra de las 11 empresas. A través de sus redes sociales, el canciller Ebrard calificó la aceptación como un gran paso. Esto inició de manera formal el proceso legal.
En noviembre pasado, las empresas fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses pidieron que la demanda se deseche porque, argumentan, entre otros motivos, carece de fundamento.
El 22 de noviembre, las 11 productoras, distribuidoras y vendedoras de armas respondieron a la demanda que el gobierno de México presentó, en la que se les acusó de “un comercio negligente e ilícito” del armamento que es “traficado” a México y llega a grupos criminales.
Posteriormente, el 31 de enero, el gobierno de México presentó documentos de réplica para responder a la petición de las empresas demandadas para que se frene el litigio, en el que incluyó un reporte de expertos legales, que abona al argumento de que el daño ocurrió en territorio mexicano, y también un análisis econométrico para establecer el número de armas traficadas en los últimos años y su procedencia.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores realizará el análisis correspondiente de los escritos de respuesta de las empresas demandadas y seguirá informando sobre el desarrollo de este litigio”, señaló la dependencia en un comunicado. (Fuente: Expansión)
