Por Blanca Corzo | Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
En 2020, cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) tenía abierto el procedimiento de sanción 0001/2020 contra la empresa Jet Van Car Rental, el representante de esa empresa obtuvo contratos en la obra del aeropuerto de Santa Lucía a través de Forza Arrendadora Automotriz, una segunda compañía de la que también ha sido representante legal.
Ambas empresas han participado a la par en otros procesos de contratación con el gobierno federal, lo que ha sido considerado una simulación de competencia.
Forza Arrendadora Automotriz SA de CV obtuvo cuatro contratos por 11.4 millones de pesos durante las obras del aeropuerto, de los cuales dos fueron asignados en 2019 y dos en 2020 y fueron firmados por César Gerardo Matamoros Vargas en su calidad de representante legal de la empresa. El más reciente contrato fue otorgado en octubre de 2020.
Matamoros Vargas también ha participado en otros procesos de contratación, pero como representante de Jet Van Car Rental, empresa a la que la SFP le inició un procedimiento de sanción en 2020, el cual concluyó en enero de 2021 con la inhabilitación por un año por incumplimiento de contrato con el Servicio de Protección Federal.
El hecho de que Matamoros Vargas representara tanto a Jet Van Car Rental como a Forza Arrendadora Automotriz ya había sido alertado, al menos desde mayo del 2018, por un ente de gobierno.
En el proceso de invitación a cuando menos tres personas IA-917015988-E3-2018 para la adquisición de un vehículo compactador para el municipio de Jojutla, solicitado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable morelense, se señaló que de las tres empresas que presentaron propuestas, dos de ellas compartían a César Gerardo Matamoros Vargas como apoderado legal.
La propuesta de ambas fue desechada por causar “incertidumbre legal”.
“Se observó que dentro del contrato de la outsourcing, que presentó el licitante Forza Arrendadora Automotriz SA de CV con la empresa de servicios Jet Van Car Rental SA de CV en la suscripción del mismo, el representante legal de la empresa Forza Arrendadora Automotriz SA de CV, representada por César Gerardo Matamoros Vargas de acuerdo a su anexo 2, firma como representante de la empresa Jet Van (Car) Rental SA de CV, lo que crea incertidumbre legal y probable conflicto de interés entre las empresas participantes, motivo por el cual se desecha su proposición”, dejó asentado el gobierno de Morelos en su fallo.
Forza Arrendadora Automotriz SA de CV fue creada el 9 de octubre de 2009 en Nezahualcóyotl, Estado de México, y en octubre de 2013 Matamoros Vargas fue nombrado como administrador único.
Empresa inhabilitada
El pasado 26 de enero concluyó el plazo de un año de inhabilitación que interpuso la Secretaría de la Función Pública a Jet Van Car Rental SA de CV por incumplimiento de contrato con el Servicio de Protección Federal.
A cargo aún de Irma Eréndira Sandoval, la Secretaría de la Función Pública anunció el 25 de enero del 2021 que había inhabilitado por un año, y había interpuesto una multa de más de 1 millón 430 mil pesos, en contra de esta empresa arrendadora de automóviles, derivado de una auditoría realizada en 2019.
La sanción fue impuesta por el Órgano Interno de Control del Servicio de Protección Federal por proporcionar bienes distintos a los convenidos en el pedido SPF/AD/PS/2018/002 y su anexo técnico, según reportó Función Pública.
Cabe destacar que durante 2019 y 2020, Jet Van Car Rental recibió 22 contratos por parte del Servicio de Protección Federal, mismos contratos en los que Forza Arrendadora participó, pero llevando como representante a César Gallardo Matamoros Vargas.
“Tras una cuidadosa investigación, en la que se garantizó el derecho de audiencia de la empresa sancionada, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal determinó que Jet Van Car Rental SA de CV incumplió el contrato que le había sido otorgado para la renta de vehículos, al no cumplir con las especificaciones técnicas que requerían los automóviles solicitados”, detalló en su momento Función Pública. (Fuente: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)