Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – El presidente de la Asociación Estatal de Padres y Madres de Familia, Sergio Acosta Manzanero, consideró que hizo falta un mayor análisis del contenido de la Ley de Educación que fue aprobada por la Décimo Sexta legislatura, sobre todo en temas delicados como la impartición de cursos sobre sexualidad, moralidad y valores a los estudiantes y en los que se debe contar con la autorización y conocimiento de los padres de familia.
Recordó que, como asociación, participaron en dos talleres organizados por el poder legislativo, con excepción en el que se abordaron los contenidos sobre sexualidad, moralidad y valores – ya que no fueron requeridos – y en donde externaron la necesidad de que cada padre y madre tenga el derecho de conocer los contenidos y decidir si sus hijos toman esas clases además que no serán evaluados ni tendrá impacto en la calificación.
Eran necesarias más reuniones para abordar temas tan delicados como la sexualidad, moralidad y valores pues sí bien es necesario que los estudiantes, sobre todo de educación básica, tengan conocimiento de los temas y no dejarse llevar por lo que encuentran en redes sociales o escuchan de otras personas “es también cierto que cada padre de familia, basado en sus creencias, valores y educación, tengan el derecho de decidir si sus hijos tomarán esas clases o a través que mecanismos se impartirán”.
Acosta Manzanero reiteró que cada padre de familia decidirá hasta donde su hijo podrá recibir información porque a lo mejor quien elabora y transmite este contenido no comulga con las ideas d elos padres de familia.
Debe prevalecer el derecho de los padres de transmitir pláticas de sexualidad y moralidad a sus hijos, afirmó.
Anticipó que buscarán reuniones con las Secretarías de Educación y de Salud así como con la Comisión Estatal de los derechos Humanos para hablar de la importancia del contenido de los libros sobre todo en materia de sexualidad y estar informados de manera adecuada.
Acosta Manzanero reiteró que hubo necesidad de realizar más foros de consulta ya que la SEQ tiene sus criterios, la Comisión de Derechos Humanos otros y era necesario un consenso general. (Noticaribe)
