HIDALGO, MX.- Un número indeterminado de muertos y heridos era el saldo de un enfrentamiento a balazos entre dos grupos contrarios de trabajadores de la planta de la empresa cementera Cruz Azul, ubicada en el poblado de Jasso, en el municipio de Tula de Allende, publicó La Jornada.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó en un comunicado que hay muertos y fallecidos, aunque no precisó cifras. En las cercanías de la planta hay varios vehículos que fueron incendiarios.

El choque

Alrededor de las 5:00 horas de este miércoles un convoy de microbuses supuestamente provenientes del Estado de México llegó a la puerta 3 de la fábrica de la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en poblado de Jasso.

De los vehículos salieron varios trabajadores del grupo “Socios por la Transparencia”, conocidos también como “la disidencia”, que intentaron tomar la planta subeléctrica del complejo cementero y se abrieron paso con armas de fuego.

La planta era resguardada por trabajadores del “Grupo de los 20”, contrario a los disidentes y que se les conoce por estar identificados con el ex presidente de la empresa Guillermo Billy Álvarez y Federico Sarabia, ambos acusados de corrupción.

El “Grupo de los 20” tiene el control físico de la planta.

Ambos grupos se enfrentaron por un lapso de una hora. Se suscitaron detonaciones de arma de fuego y estallido de bombas molotov. Al no poder tomar la planta, los disidentes se marcharon del lugar .

Policías de investigación y peritos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo llegaron al lugar cerca de las 7:00 horas para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

El pasado 15 de diciembre se dio un enfrentamiento entre ambos grupos, cuando los disidentes intentaron hacer efectiva una orden judicial para tomar el control del Consejo de Administración y Vigilancia.

En el lugar prevalece una tensa calma.

Versión de la cooperativa

Por su parte, la cooperativa emitió una comunicación en la que se deslinda del ataque y señala que “es imperativo aclarar que, en todo momento, nuestras acciones en contra de Federico Sarabia y quienes hasta el día de hoy mantienen retenida ilegalmente la planta, se han llevado a cabo por la vía legal, privilegiando los canales institucionales, la certeza jurídica, pero sobre todo, la integridad física de sus ocupantes”.

Así también, acusa a quienes afirman ser presidentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia de permitir “el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad”.

Finalmente, rechaza la violencia como vía para “restituir nuestro patrimonio”, al tiempo que solicita la intervención de las autoridades para “investigar, deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de tan lamentables sucesos, así como para dar fin a la ilegalidad que persiste en la planta de Tula y traer orden y justicia a nuestras comunidades”. (Fuente: La Jornada)