Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (AMISY) han trabajado para que próximamente sea discutida en el Congreso del Estado una iniciativa del ley que impida ocupar cargos públicos a las personas que han sido denunciadas por violencia contra la mujer.
El primer paso de esta iniciativa se dio en el proceso electoral anterior, cuando Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la propuesta ‘3 de 3 contra la violencia’ hecha por grupos feministas del país.
Dicha propuesta indicaba que las personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, así como por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o como deudores o morosos alimentarios, no podían postularse a candidaturas durante las pasadas contiendas.
Tomando en cuenta este antecedente, las activistas indicaron que ahora esta propuesta podría ser incluida en leyes de Yucatán.
Así, con reformas constitucionales buscan dar garantía de que quienes representan a la sociedad yucateca, sean personas que no tienen antecedentes de violencia contra las mujeres.
Para ello, las integrantes de AMISY han abierto espacios de diálogos para despejar cualquier duda en relación a esta propuesta.
Patricia Olamendi, abogada especialista en derechos humanos y género, indicó que ya han tenido reuniones con legisladores locales, por lo que prevén que en breve sea un tema que se incluya en la agenda legislativa.
Estas reformas de ley permitirán que incluso los partidos políticos estén más comprometidos a revisar quiénes se inscriben a candidaturas.
Expuso que no se busca culpar o exhibir a nadie, sino que en sí se trata de mirar los actos y conductas que las personas tienen para en sí ocupar cargos públicos.
“Nunca vamos a poder enfrentar la violencia contra las mujeres, ni la violencia contra niñas y niños si no desterramos para siempre de los cargos públicos y políticos a quienes han cometido delitos y quienes seguro lo seguirán haciendo como violaciones graves a derechos humanos”, aseguró.
Si el Congreso Local aprueba esta iniciativa, Yucatán sería un referente en el país, además posteriormente los 106 Ayuntamientos deberán unificar también sus reglamentos y legislaciones en cuando a sus servidores públicos. (Noticaribe)