Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Las y los legisladores de Yucatán aprobaron las reformas correspondientes a la Constitución Política para que ningún agresor, deudor alimentario moroso o violador pueda ocupar cargos de elección popular o magistraturas
y consejerías de la judicatura del Poder Judicial ni pueda ser titular de dependencias o entidades del Poder Ejecutivo estatal.
Con mayoría de votos, en el Congreso local se aprobaron las reformas que impedirán que personas identificadas como agresoras accedan al poder.
La iniciativa fue presentada en noviembre pasado y para su elaboración participaron también integrantes de la Asociación Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) como Patricia Olamendi Torres, Yndira Sandoval Sánchez, María Eugenia Núñez Zapata, Rita Farjat, Sandra Peniche Quintal, Lidia Laucirica Guanche, Ligia Vera Gamboa, Silvina Contreras, Rosalía López, entre muchas otras.
La diputada Vida Gómez Herrera mencionó que esto es un hecho histórico y estas reformas constituyen un marco que busca dignificar la política y el poder público.
“Esta es una reforma muy importante porque vivimos en un país en el que en promedio, cada día 170 mujeres acuden a un hospital o un centro de salud, con heridas y marcas de violencia. Vivimos en un país en el que 11 mujeres son asesinadas al día, solo por ser mujeres”, indicó.
La legisladora yucateca también resaltó que en México solo 2 de cada 10 niñas o niños que demandan una pensión alimenticia, la reciben y los juicios de pensión alimenticia pueden durar hasta 16 años.
“Esta iniciativa marca la pauta para comenzar a equilibrar la balanza, la balanza de la justicia. Sienta las bases para la igualdad sustantiva en Yucatán y en México. Como legisladoras y legisladores, nos toca garantizar en las leyes que los agresores sexuales, los violadores y los deudores alimenticios no lleguen a puestos de poder”, añadió.
Así, indica que es importante que ni una persona ocupe un cargo público mientras tenga estos antecedentes. (Noticaribe)