En Yucatán ya hay 11 municipios que apoyan la iniciativa 3 de 3 contra la violencia para que agresores no ocupen cargos públicos

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Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Después de que a nivel estatal se aprobaran las reformas correspondientes a la Constitución Política para que ningún agresor, deudor alimentario moroso o violador pueda ocupar cargos públicos, ahora son 11 municipios los que se han sumado a homologar sus legislaciones para garantizar cada vez más espacios políticos libres de violencia.

A nivel estatal, los cargos públicos que no podrán ser ocupados por personas agresoras o denunciadas como deudoras alimenticias son aquellos de elección popular o magistraturas y consejerías de la judicatura del Poder Judicial, y tampoco podrán estar a cargo de dependencias o entidades del Poder Ejecutivo estatal.

Ante esta determinación apoyada por las y los legisladores estatales, los municipios que hasta ahora han homologado sus legislaciones son Tahdziú, Mérida, Akil, Cantamayec, Espita, Motul, Sinanché, Telchac Pueblo, Tixmehuac, Yaxcabá y Chichimilá, de acuerdo con las integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva (Amisy).

Para ello, se han llevado a cabo reuniones con las personas que integran las administraciones actuales de tales Ayuntamientos.

La iniciativa fue aprobada el pasado 1 de junio en el Congreso del Estado, esto después de que la presentaron las integrantes de Amisy, Patricia Olamendi Torres, Yndira Sandoval Sánchez, María Eugenia Núñez Zapata, Rita Farjat, Sandra Peniche Quintal, Lidia Laucirica Guanche, Ligia Vera Gamboa, Silvina Contreras, Rosalía López, entre muchas otras.

Una de las legisladoras que ha estado a favor de esta iniciativa es Vida Gómez Herrera, quien asegura que el aprobar estas reformas reduce la posibilidad de que personas agresoras ocupen cargos importantes.

Además, que hay estadísticas que sustentan que en México solo 2 de cada 10 niñas o niños que demandan una pensión alimenticia, la reciben y los juicios de pensión alimenticia pueden durar hasta 16 años.

Es así que las activistas consideran que este es un paso a la justicia en México y también pone los cimientos para una igualdad sustantiva en Yucatán. (Noticaribe)

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