Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Debido a que no fueron ratificadas en el plazo establecido en la Ley, la Comisión de Justicia en la Décimo Sexta legislatura desechó las solicitudes de juicio político interpuestas en contra de los ex presidentes municipales de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba y María Elena Hermelinda así como de la ex secretaría de finanzas, Yohanet Torres Muñoz y el ex presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Marco Antonio Toh Euan.
En el caso de las solicitudes de juicio político interpuestas contra la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández y la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa Isabel González Glennie, determinaron posponer el dictamen aunque la propuesta también es desecharlos.
Durante la sesión de trabajo, los integrantes de la comisión de justicia encabezada por la diputada del PAN, Kira Iris San junto con la diputada de Morena, Cristina Torres Gómez y el diputado sin partido, Carlos Hernández Blanco, consideraron que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo establece el plazo para ratificar las solicitudes de juicio político por lo cual fueron desechadas, aunado a que no fueron suficientes las pruebas, las que se presentaron contra Remberto Estrada, así como contra María Elena Hermelinda Lezama Espinosa en su calidad de presidenta municipal de Benito Juárez en el período 2016-2018 así como los integrantes de su cabildo, Heyden Cebada Rivas (actual presidente del Tribunal Superior de Justicia); Anahí González Hernández (actual diputada federal de Morena); Humberto Aldana Navarro (dirigente estatal de Morena y diputado electo para la Décimo Séptima legislatura), entre otros.
Igual fueron los casos de las solicitudes de juicio político interpuestas contra Toh Euan y Yohanet Torres, actual diputada electa plurinominal por el partido Verde Ecologista.
En el caso de la solicitud de juicio político interpuesto contra la presidenta municipal de Othón P. Blanco, los integrantes de la Comisión de Justicia propusieron desechar la solicitud presentada por los habitantes de las comunidades de Guillermo Prieto, Caña Brava, 16 de septiembre, Pioneros del Río, los Ángeles, 21 de mayo, Nuevo Progreso, Nuevo Paraíso, San Antonio Soda y Dos Naciones, subdelegaciones municipales y ejidos, del Municipio de Othón P. Blanco, por no aportar suficientes elementos de prueba en su demanda, por lo que también se podría dar vista a la Contraloría municipal, en su caso.
En cuanto a la propuesta del dictamen de la solicitud contra la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, iría en el sentido de desecharla y dar vista, en su caso, al Órgano Interno de Control de dicho órgano autónomo.
Cabe señalar que, de acuerdo con el proyecto de acuerdo elaborado por la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo, la Comisión de Justicia no es competente para determinar el cumplimiento de los requisitos que prevé el Código de Justicia Administrativa para la contratación que realice el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, y tampoco tiene competencia para resolver alguna responsabilidad de carácter administrativo por este incumplimiento.
Los órganos internos de control tienen estas facultades para resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos e imponer, en su caso, alguna sanción administrativa. Si bien las pruebas presentadas están estrechamente relacionadas para demostrar una presunta responsabilidad, sin embargo esta no es de carácter político, que es la única competencia que tiene esta comisión ordinaria. (Noticaribe)
