Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- A pesar de que la iniciativa relacionada con atender la Violencia Vicaria en Yucatán ha sido aprobada meses atrás, las personas que han denunciado esta problemática indican que no encuentran el apoyo esperado en la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que han pedido apoyo a las y los legisladores del Congreso local.
El diputado Eduardo Sobrino Sierra confirmó que ya han recibido denuncias y quejas de este tipo, por lo que pide que se atienda de forma urgente esta situación.
A pesar de que celebró que este primer año de legislatura ha sido muy polémico porque precisamente se han aprobado iniciativas que no se esperaban, indicó que deben trabajar más a fondo en revisar el cumplimiento de las mismas.
“La Violencia Vicaria, que más que un tema local, es un tema nacional, ya que otros Congreso locales están legislando al respecto y lo aprobado era solo el inicio de la lucha tan difícil y cansada que tienen las mujeres que padecen esta violencia, pero muchas compañeras víctimas nos han buscado para manifestarnos que no encuentran apoyo en las fiscalías, que se encuentran con falta de personal capacitado para atenderlas”, señaló.
Otro tipo de quejas recibidas tiene que ver con el trato que otorga el personal judicial, ya que muchas veces no las miran como víctimas, sino como causantes de que ellas sufran de violencia.
“Propongo trabajemos más sobre este tema aprobado por esta legislatura para que no sea letra muerta, y así darle seguridad jurídica a las mujeres que son víctimas de Violencia Vicaria”, describió el diputado.
Hay que recordar que esta iniciativa fue aprobada en junio pasado y para ello se modificó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Estado, por lo que este hecho ya podrá ser perseguido y sancionado como lo habían solicitado activistas y personas afectadas.
La sanción para quienes cometan este delito será de cuatro a ocho años de prisión, pena que podría incrementarse en uno o dos años y medio, aproximadamente, si hubiera daño físico en contra de las personas utilizadas como medio.
Asimismo, en caso de personas servidoras públicas que entorpezcan la justicia de la violencia vicaria, tendrá de tres a ocho años de prisión, de 500 a mil 500 días multa y destitución de seis a 10 años para otro empleo, cargo o comisión pública. (Noticaribe)
