Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.-La bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Yucatán, propone hacer cambios y adaptaciones al Código Penal en materia de feminicidio, con el fin de que este tipo de delitos no quede impune ante ciertos vacíos que se quedan en el seguimiento del proceso.
La diputada Alejandra Novelo Segura mencionó que la intención es reorganizar el tipo penal de feminicidio, sobre todo, haciendo homologaciones con la legislación federal.
Una de las primeras propuestas como parte de esta iniciativa es que se debe especificar la inclusión a todas las mujeres en su diversidad y etapas de vida.
“Con ello, se busca proteger a la primera infancia, niñez, edad adulta, vejez, origen étnico o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, discapacidad o cualquier otra condición que pudiera presentarse”, mencionó.
De igual manera, la iniciativa busca que se amplíen las causales de este delito, por ejemplo, que se incluyan diversos tipos de lesiones, violencia en diversos ámbitos, relaciones por consanguinidad o de confianza, relaciones jerárquicas, de poder o subordinación, violencia política, privación de la libertad, estado de indefensión y sobre el hallazgo del cuerpo o restos de la víctima.
“El feminicidio es identificado como ‘crimen de odio’ o ‘crimen moral’, realizado generalmente sin obtener recompensa material alguna, únicamente aquella que genera al sujeto activo una especie de victoria, la cual supone imponer su posición por encima de la vida de la mujer asesinada”, añadió la legisladora.
Aunque reconoció que es un avance el hecho de que el feminicidio esté tipificado como delito en Yucatán, resaltó que aún no ha disminuido esta práctica y las instituciones no se han preparado lo suficiente para aplicar las normas que buscan proteger a las mujeres.
En Yucatán, el feminicidio fue incorporado al Código Penal local desde 2012 como un delito, sin embargo, las cifras presentadas por varias organizaciones de la sociedad civil son preocupantes, ya que entre 2008 y 2021 han sido 69 mujeres víctimas de este delito.
Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado identificar a 10 mujeres fallecidas y ha dejado sin resolver cuatro asesinatos de este tipo.
Asimismo, en esta iniciativa se establece la penalidad, en la que se propone un aumento de la pena, aumentando la mínima de 32 a 40 y la máxima de 45 a 70 años de prisión.
Igualmente, se incluyen agravantes del delito como prostitución forzada y trata de personas; la calidad si el perpetrador es un servidor público activo; la coautoría; la presencia de personas vinculadas a la víctima; si el sujeto activo tiene deberes de cuidado sobre la víctima; el transporte y si se comente contra niñas y adolescentes.
A la par se ha propuesto igual que se apliquen sanciones a las personas servidores públicas que filtren información relativa a la investigación, u omitan hacerla.
La diputada especificó que se busca la aplicación del Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante el reconocimiento de lesiones cometidas contra la víctima siendo causales de feminicidio que el cuerpo o los restos de la víctima hayan sido calcinados, presenten heridas, traumatismos, escoriaciones, contusiones o decapitación.
También, desollamiento, fracturas, dislocaciones, cortes, quemaduras, signos de asfixia, estrangulamiento, ahorcamiento, tortura, desmembramiento de partes del cuerpo o cualquier tipo de lesiones o mutilaciones, internas o externas, infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; ampliando con esto las condiciones de la causal que ya era contemplada en la legislación actual. (Noticaribe)
