Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Daños multimillonarios al erario público, así como procedimientos irregulares y contratos poco claros es lo que dejaron en el Parque Industrial con recinto fiscalizado y la Central de Abastos, considerados proyectos prioritarios del ex gobernador Carlos Joaquín González y la exsecretaria de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano Vázquez, así como la distribución de gas LP durante el primer año de la pandemia por el Covid-19.
De acuerdo con un análisis jurídico-administrativo realizado en este proceso de entrega recepción, se advierten posibles descalabros económicos por el daño patrimonial ocasionado por la administración del ex gobernador en virtud de no haberse cumplido con las Leyes, Reglamentos y lineamientos y la simulación en el cumplimiento de procesos legales, el favoritismo a terceros ajenos a los procesos legales de licitación, no contar con las facultades legales para ejercer programas y recursos asignados, en calidad de cabeza del Sector Económico.
El análisis, que fue entregado a los responsables el eje económico de la actual administración estatal, refiere al Parque Industrial con recinto fiscalizado, folio FNE-161104-C1-2QROO- 00329860, establecido con una mezcla de recursos de la Federación en una primera etapa y el gobierno del Estado por 86 millones 167 mil 248 pesos al 31 de enero de 2021.
De este monto, tres millones 292 mil 209 pesos se destinaron para estudios; 40 millones 698 mil 653 pesos para naves y oficinas Administrativas; 35 millones 602 mil 930 pesos para vialidades; 5 millones 512 mil 179 pesos para acciones complementarias como la construcción de la Caseta y equipamiento; 190 mil 820 pesos Servicios Relacionados con la construcción; 225 mil 656 pesos por concepto de pago de concesiones del Recinto Fiscal Estratégico y 644 mil 800 pesos para la promoción del Parque Industrial con recinto fiscalizado.
Sin embargo, de acuerdo con el análisis técnico administrativo, el Parque Industrial no muestra beneficiarios directos, ya que únicamente se construyeron 3 naves industriales; además se ocultan inversiones fallidas como el pago de consultores externos beneficiados y adjudicados de manera directa con nulos resultados.
Además, el Parque Industrial no cuenta con las tierras, el polígono se encuentra incompleto, la obra inconclusa y con posibilidad de responsabilidad por parte de la Federación y la posibilidad de la devolución de recursos federales.
En el caso de la Central de Abasto, cuyo origen de recursos es incierto, se utilizaron recursos originalmente asignados al Proyecto Parque Industrial, además que se obtuvieron recursos mediante acuerdos con la empresa CEMPISA, la cual se encuentra en posibilidad de demandar el cumplimiento de acuerdos al Estado.
La Central de Abasto tampoco se concluyó y los planes maestros generales fueron elaborados por la SEDE y CEMPISA, empresa que no contó con una licitación.
Respecto al Fideicomiso para el fomento logístico industrial, tecnológico y de comercio exterior, implementado para la operación del Parque Industrial y la Central de Abastos, representó una perdida por tres millones de pesos de aportación inicial por la mala elección del Fiduciario, siendo una banca de dudosa procedencia, la cual fue sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cesando e interviniendo sus actividades.
A raíz de la perdida de este fiduciario, la Sede eligió a la banca Mifiel la cual tampoco cuenta con la capacidad de operación denominada Banca Mifiel para lo cual el estado realizó nuevas aportaciones. Sin embargo se encuentra inoperante.
La Secretaría de Desarrollo Económico implemento un programa emergente de apoyo a las familias por la contingencia sanitaria Covid19, mediante el otorgamiento de vales de gas LP aún cuando carece de facultades para su operación.
La SEDE no estableció convenio alguno con la Secretaría de Desarrollo Social no se contó con un convenio entre la SEDE y la SEDESO ya que los documentos carecen de firmas por presuntas irregularidades en la distribución de 300 mil 445 vales por un total de un millón doscientos un mil setecientos ochenta kilogramos, que representa una erogación de 22 millones 533 mil 375 pesos moneda nacional.
El informe presentado reporta, en la distribución de gas LP durante la contingencia, vales clonados, folios repetidos.
Además el reporte señala que en los seis años de la administración del ex gobernador Carlos Joaquín González, la SEDE distribuyó recursos a través de una financiera no gubernamental denominada FOFINQROO sin que se hayan presentado resultados. (Noticaribe)
