Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la demanda de controversia constitucional interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJ) en contra de la gobernadora, Mara Lezama, la Décimo Séptima legislatura, la Secretaría de Gobierno, los ayuntamientos y el Periódico Oficial del Estado por la aprobación y publicación del decreto 007 mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo afectar los presupuestos de los Poderes, así como de los órganos autónomos, por la violación a su autonomía.
En su página electrónica, la SCJN da cuenta del expediente número 27/2023 interpuesto por el poder judicial del estado de Quintana Roo en contra del Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado.
De acuerdo con la publicación, el Poder Judicial de Quintana Roo interpone la controversia constitucional contra el poder ejecutivo y la XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por la aprobación del Decreto 007, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de manera destacada los preceptos 67 y 109, así como la promulgación de éste en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el seis de diciembre de dos mil veintidós.
La demanda de controversia también alcanza a la secretaria (sic) de Gobierno por el refrendo del Decreto 007, al director del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo por la publicación del Decreto 007 y a los Municipios por la aprobación tácita o expresa efectuada con relación al Decreto 007, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de manera destacada los artículos 67 y 109.
Cabe recordar que, tras la presentación de la reforma constitucional por parte de la gobernadora, Mara Lezama, para poder disminuir los recursos de los Poderes Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas externó su postura al señalar que la medida propuesta por el ejecutivo no permitiría ahorros significativos en el gasto corriente, al disminuir salarios de los magistrados. Dijo que la reducción de los salarios de los magistrados no tendría un Impacto en el pago de la deuda estatal
En su oportunidad, dijo que la labor de quienes forman parte del poder judicial es diferente a los temas de la política. Incluso, señaló que desde el 2015 se había pospuesto la homologación salarial de los trabajadores del poder judicial.
Advirtió, sin embargo, que el Poder Judicial implementaría sus propios acciones de ahorro y austeridad a los que fueron convocados por la gobernadora, Mara Lezama. (Noticaribe)
