Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En un estado como Yucatán, en donde sus gobernantes difunden el discurso de ser el más seguro del país, pero por lo contrario, cifras concentradas por asociaciones civiles defensoras de derechos humanos registran que en el 70% por ciento de las detenciones hay violencia y daño físico en las personas que en su mayoría son mayahablantes, indígenas, personas LGBTIQ+, mujeres y periodistas, es válido hacerse la pregunta…seguro ¿para quién?

Registra casos de abuso policial

Recientemente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Sabido Santana, rindió su informe ante el Congreso local y reconoció que las dependencias con más quejas por mal servicio y también trato inhumano, amenazas y hasta tortura, son la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las policías municipales, sin embargo, desde su perspectiva considera que estos casos van a la baja.

Consideración que se contrapone con lo que denuncia la ciudadanía y también activistas.

Elementa DDHH y el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) realizaron un monitoreo de medios de comunicación y redes sociales y encontraron 36 casos que reflejan la recurrencia de abuso policial en las calles de Mérida, principalmente.

Además, un dato que destaca es que es evidente que las detenciones arbitrarias y abusos policiales son atravesados por la discriminación, pues en sí la mayoría de las acciones son cometidas en cierto perfil de personas.

Las activistas de Cejudi tienen registros que unen la relación de discriminación y abuso policial, pues en la mayoría de los casos está en juego el color de piel, clase, género, origen étnico, lugar de origen, forma de vestir, orientación sexual o identidad sexo-genérica.
Una razón por la que pueden detener a una persona en alguna avenida de Mérida podría ser por la forma de vestir, pues hay quienes denuncian los elementos policiacos les indican que es porque se ven “sospechosos”.

Por ejemplo, durante 2020, tan sólo en Mérida fueron puestos a disposición del Ministerio Público 98 mil 523 personas; en Kanasín 14 mil 374, en Umán 5 mil 730; en Progreso 4 mil 851 y en Valladolid 4 mil 118, en su mayoría por alteraciones al orden público, alarmas de emergencia activadas, persona sospechosa, por estar alcoholizados o eventos similares.

“Hemos observado que no sólo aumentan los casos sino hay un patrón de violencia sistemática en contra de personas racializadas, mujeres, mayahablantes, indígenas, Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queer y más (LGBTIQ+) y periodistas. Se dice que Yucatán es un estado seguro, pero ¿para quién?, no es seguro para todas las personas”, afirmó María Paula Balam.

Por la forma en la que se registran los hechos, la activista consideró que los prejuicios están presentes en la política de seguridad que impulsa actualmente el gobierno estatal.

Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) colocó nuevamente a Yucatán como el estado más seguro en el inicio de este 2023 con una tasa 9 veces menor a la registrada a nivel nacional, las detenciones arbitrarias son una puerta a la comisión de otras violaciones a derechos humanos, como violencia física, sexual, verbal, y otras más frente a las cuales las autoridades han sido omisas.

María Paula también explicó que en la mayoría de las detenciones también han identificado que se realizan bajo el supuesto de revisiones y allanamiento sin órdenes judiciales, abuso de poder, violencia y daños físicos, abuso sexual, entre otros episodios donde la brutalidad policial incluso cobró la vida de una persona.

También, en uno de los casos hubo elementos involucrados del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

“El 70% denunció violencia y daños físicos, así como un homicidio que se dio en condiciones de opacidad y total impunidad. El 30% de las personas reportaron desde actos de intimidación, amenazas, hasta violencia sexual”, agregó.

Esto ha llevado a que en un periodo de 2020 a 2022 se iniciaran 376 quejas ante la Codhey.

Periodistas, de los más agredidos en Yucatán

Como resultado del monitoreo igualmente fue detectado que los casos de violencia policial contra periodistas representan el 14.5% de sucesos documentados.

Tan sólo en el primer semestre de 2022 se registraron 30 casos de violencia contra periodistas, colocando a Yucatán como el segundo estado de todo el país con mayor violencia de este tipo.

“Hablar de esto nos parece sintomático del trato que se da por parte de los grupos policíacos y esto nos da una idea que no existen protocolos adecuados en el actuar de las corporaciones”, agregó.

Violación de derechos humanos en manifestaciones y agresiones a activistas

El abuso policial tiene un impacto en la libertad de expresión, ya que personas activistas y defensoras de derechos humanos han sido afectadas.

Tan sólo en este inicio de 2023, se dieron dos detenciones arbitrarias, una relacionada con la detención de activistas cannábicos, donde un grupo de 40 policías armados irrumpieron en el lugar sin mandato judicial, quienes aprehendieron a dos personas a pesar de que contaban con los permisos sanitarios.

El segundo caso es el de Sitilpech, en donde defensores de la tierra quieren la salida de una granja porcícola de su pueblo y como respuesta han sido reprimidos con elementos policiacos.
“Llevamos un monitoreo en manifestaciones por ejemplo, donde identificamos si los elementos policiacos llevan armas y qué tipo de armas, igual vemos presencia desproporcionada cuando se trata de manifestaciones y concentraciones de mujeres cuando exigen un derecho”, mencionó.

Recordó dos registros importantes, uno en 2019 cuando en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer detuvieron sin justificación a seis mujeres.

“Esto fue sumamente grave al igual que la represión en 2020 cuando durante el informe del gobernador Mauricio Vila Dosal, personas se oponían y manifestaban por el reemplacamiento y fueron gaseadas por la policía”, describió María Paula.

Ante toda esta situación, Olimpia Martínez, de ELEMENTA DDHH, consideró necesario hacer un llamado al Gobierno Estatal y los Ayuntamientos, así como a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las policías municipales y la Codhey para que reconozcan y visibilicen que existe una grave problemática de detenciones arbitrarias y abuso policial que vulnera derechos humanos. (Noticaribe)