Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- De acuerdo con diversos registros hechos por organizaciones como Greenpeace y otras de alcance nacional e internacional, en Yucatán hay más de 500 granjas porcícolas que se distribuyen en el territorio, a raíz de este panorama, habitantes de comunidades como Homún y Sitilpech se han manifestado en contra de estos proyectos, por lo que han pedido de manera reiterada que las fábricas se retiren y en los últimos meses se han detectado casos de criminalización en las protestas en torno a este caso.

La lucha en el pueblo de Sitilpech inició hace dos años y los habitantes comenzaron a exigir que la megafábrica de cerdos fuera retirada, ya que el proyecto se instaló sin su consentimiento y a la vez trae consigo repercusiones ambientales.

A pesar de que han recurrido a los procesos jurídicos, su lucha no ha sido escuchada desde la parte legal, así que comenzaron las protestas.

8 de diciembre de 2022

Habitantes de la comunidad maya acudieron a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para exigir que se detenga la contaminación en su tierra y agua, provocada por la presencia de granjas de la empresa Productos Pecuarios para el Consumo S.P.R. de R.L. de C.V. (Kekén).

27 de enero de 2023

Posteriormente, se manifestaron ante el Tribunal Unitario Agrario, ya que los amparos interpuestos por habitantes de la comunidad no han procedido.

10 de febrero

Ante la indiferencia de las autoridades ante la petición de los habitantes quienes denuncian estar hartos del mal olor incluso dentro de sus hogares, iniciaron las manifestaciones en su mismo pueblo: Sitilpech.

Ese día, de manera organizada, hombres y mujeres de la comunidad maya de Sitilpech impidieron el paso a un camión que contenía cerdos y que pertenecía a la empresa Kekén, pues indicaron que no quieren que esta empresa siga contaminando.

“¿A dónde creen que irá la mierda y el orín de 50 mil cerdos? ¡No queremos contaminación! ¡Fuera la granja!”, denunciaron aquella vez.

Desde entonces, comenzó la represión por parte del Gobierno del Estado:

18 de febrero de 2023

Alrededor de las 3:00 de la mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y policías municipales de Izamal, reprimieron y agredieron físicamente a integrantes de la agrupación ‘la Esperanza de Sitilpech’, en el campamento en donde se mantenía un bloqueo afuera de la granja.

En esa ocasión, las y los manifestantes denunciaron que les robaron sillas y mesas, además de celulares para evitar que documentaran las agresiones.

Los elementos de la SSP llegaron para escoltar un camión al interior de la granja y permitir que salieran otros seis.

21 de febrero de 2023

Las y los habitantes de Sitilpech denunciaron que la SSP mantenía acordonada la zona y llevaban el registro de las personas que entraban y salían de la comunidad.

22 de febrero de 2023

Se llevó a cabo una rueda de prensa en el pueblo, en donde incluso arribaron a la zona cerca de 20 camiones antimotines.

2 de marzo de 2023

Debido a que el Gobierno del Estado de Yucatán compartió un comunicado en el que expusieron al pueblo maya de Sitilpech por no acudir a una reunión que convocaron, las y los habitantes respondieron que no entablarían diálogo hasta que se retiren los cerdos que tienen en la granja.

“El pueblo ya despertó y no nos vamos a dejar intimidar ni dominar nunca más. No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”, señalaron, resaltaron.

3 de marzo de 2023

Una vez más, las y los habitantes de Sitilpech denunciaron y exhibieron represión policiaca ante el bloqueo que mantenían en una de las granjas porcícolas en sus tierras y acusaron que los trataron como si fueran delincuentes, pues llegaron alrededor de 70 policías antimotines estatales. Ese mismo día, también fueron incendiados montes en sus terrenos.

9 de marzo de 2023

Los habitantes fueron notificados porque ocho personas de la comunidad enfrentarían una audiencia de vinculación a proceso, debido a la criminalización por parte del Gobierno del Estado por el presunto delito de “obstrucción de las vías de comunicación en pandilla”.

22 de marzo de 2023

Oficialmente, los ocho manifestantes fueron vinculados a proceso en audiencia, por lo que corren el riesgo de que al finalizar todos los trámites puedan ser encarcelados.

La gota que derramó el vaso

Ante la vinculación a proceso de los ocho manifestantes y en el marco del Día Mundial del Agua, cientos de personas decidieron salir a las calles en el Centro Histórico de Mérida, para mostrar su respaldo ante la lucha de la defensa de sus territorio y agua del pueblo de Sitilpech.

A pesar de que la manifestación transcurría con calma, casi al finalizar circuló la noticia entre las y los asistentes del ‘levantón’ de dos personas a manos de presuntos policías vestidos de civiles.

A través de videos que fueron tomados por personas que estaban en el lugar, se pudo obtener los datos de las placas de los vehículos que fueron utilizados para llevarse a las personas y correspondían a una camioneta blanca con placas YS-0305-C y un Sentra gris con placas ZCL-030-C.

Fue alrededor de las 11:00 de la noche de este día, cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lanzó un comunicado en el que mencionó que en realidad fueron cuatro personas detenidas presuntamente por incurrir en actos de violencia y pintas a predios particulares y oficiales.

Incluso en el comunicado advirtieron: un grupo de personas violentó el evento.

Las personas detenidas son Andrea Sofía N, Andrew Misael N, Sebastián N y Dafne Isabel A, esta última, activista de la comunidad de la Diversidad Sexual en Yucatán.

Violaciones a sus derechos humanos en el estado más seguro

Ante estos hechos, han denunciado violación a los derechos humanos y sobre todo una criminalización de protestas en el estado, así lo han considerado activistas de diferentes colectivos como Igualdad Sustantiva Yucatán, UADY sin Acoso, Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, Kanan Derechos Humanos, Ciudad Libre, Accesibilidad por una vida Igualitaria, Comando Trans Interseccional, Frente Campesino por la Defensa de la Tierra y la Vida, Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, Mundo y Conciencia, Fire, Red Ciudadana por la Sostenibilidad en Yucatán, entre otros.

Para la activista Rosa Cruz Pech, de UADY sin Acoso y del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), la situación de criminalización de protestas en el estado es muy grave y sobre todo, lamentable, pues se comienza registrar un actuar constante de esta forma por parte del Gobierno del Estado.

“Hay que decir que las detenciones no fueron durante las actividades sino minutos después, cuando la gente se estaba yendo. Hay notas de prensa también que señalan que fue parte de una agitación por parte de partidos opuestos al gobierno actual, cuando en la misma manifestación se pudo conocer y escuchar a las personas que son afectadas directamente, así que esto es criminalización”, señaló

A pesar que durante los ‘levantones’ de los manifestantes hubo circulación de vehículos oficiales de la SSP, no se detuvieron a apoyar ni verificar lo que ocurría.

Autoridades y sector empresarial a favor de la criminalización de las protestas

En relación a los hechos suscitados este 22 de marzo de 2023, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, señaló que todo aquello que vulnere el Estado de Derecho y afecte el patrimonio de particulares es reprobable por parte de los integrantes de la bancada de la Fracción Legislativa del Partido Acción Nacional (PAN).

“En Yucatán se tiene la libertad de expresarse y manifestarse, sin tener que recurrir a la violencia, como ocurre en otras partes del país. De ninguna manera podemos volver una costumbre lo que sucede en otras entidades, tropicalizarlo en Yucatán y decir que aquí no va a pasar nada, que pueden hacer lo que quieran y pueden estar afectando derechos de terceros”, aseveró.

Sin embargo, no se posicionó como tal ante la criminalización por parte del Gobierno del Estado y mucho menos por parte de medios de comunicación.

Por su parte, Levy Abraham, durante su toma de protesta como presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Yucatán, hizo mención de la supuesta presencia de grupos radicales que merecieron una rápida reacción por parte de las autoridades, tanto en Mérida, como en el interior del estado.

“Garantizar el Estado de Derecho y la paz social es una de las principales tareas del Gobierno, no podemos permitir que nadie la violente gobernador”, expuso en un evento público ante cientos de personas.

Para el dirigente empresarial, el hecho de criminalizar las manifestaciones es un tema de preservación de la paz que caracteriza al estado de Yucatán, por lo que felicitó al director de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda por sus acciones en tiempo y forma.

No es la primera vez que pasa en Yucatán

Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) coloca a Yucatán como el estado más seguro con una tasa 9 veces menor a la registrada a nivel nacional, las detenciones arbitrarias son una puerta a la comisión de otras violaciones a derechos humanos, como violencia física, sexual, verbal, y otras más frente a las cuales las autoridades han sido omisas.

Olimpia Martínez, de ELEMENTA DDHH, mencionó en meses recientes que en Yucatán se han registrado casos en los que personas han sido agredidas por la SSP durante protestas, como cuando en 2020, fue lanzado gas lacrimógeno en contra de quienes se oponían al cobro del reemplacamiento.

También, en 2019 cuando en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer detuvieron sin justificación a seis mujeres, hecho que incluso se repitió el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, durante las protestas, al ser retenida una joven por los policías que custodiaban el Palacio de Gobierno.

Otro hecho que se suma a este año es de la detención de activistas cannábicos, donde un grupo de 40 policías armados irrumpieron en el lugar sin mandato judicial, quienes aprehendieron a dos personas a pesar de que contaban con los permisos sanitarios.

A todo estos hechos se sumarían toda la represión que ha surgido en torno al caso de Sitilpech. (Noticaribe)