Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal y el Congreso del Estado deberán reestructurar el presupuesto 2023 después de que integrantes del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán y Amicus ganaran un amparo para pedir una partida de presupuesto para creación de políticas públicas y la implementación de estrategias para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queer y más (LGBTIQ+)
En diciembre pasado integrantes de ambos colectivos interpusieron una demanda de amparo en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal y el Congreso del Estado para incluir una partida presupuestaria específica y al respecto el activista Cesar Briceño del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, explicó que en sentencia dictada el 13 de junio, el Juez Quinto de Distrito con sede en Mérida les concedió el amparo.
“Entonces la partida presupuestal debe atender, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+ de Yucatán, así Mauricio Vila y el Congreso del Estado deberán tomar las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de amparo a la brevedad porque en lo que va de la administración, no se ha destinado ninguna acción hacia el beneficio de la Diversidad Sexual”, indicó.
Para el activista, se trata de voluntad política porque en caso de no proceder a la restructuración del presupuesto, se trataría de violencia institucional.
“El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano ya declaró que acatará la sentencia del juez que en este caso fue a nuestro favor”, señaló.
Sobre la reestructuración del presupuesto, César comentó que se trata del ya existente, es decir, el que corresponde al ejercicio 2023, por lo tanto, debe ya atenderse con premura, pues de lo contrario, seguiría prolongando la violencia institucional hacia la comunidad de la Diversidad Sexual.
Además, especificó que no se trata de destinar este presupuesto a espectáculos o festivales LGBTQ+ sino verdaderamente a políticas públicas.
Juan Pablo Delgado, director ejecutivo de Amicus, recordó que este logro para Yucatán ya antes se tuvo en Guanajuato, lo cual permitió tener un antecedente positivo.
“Esta sentencia es más específica para Yucatán porque establece la partida que se tiene que crear en un Anexo que ya existe, que es el 2.3, el cual particularmente se destina a grupos vulnerables”, especificó.
Entonces se trataría de asignar una parte de los 493 millones 750 mil pesos que ya existen.
Las personas activistas indican que las autoridades deberán tener un diálogo con asociaciones para identificar las necesidades que hay para este sector de la población.
“Esta es una invitación para que no les pase por la cabeza presentar un tipo de recursos y acatar en el sentido de la resolución”, advirtió.
Para un futuro, se espera que después de reestructurar el presupuesto de este 2023, el Gobierno del Estado y el Congreso local están obligados a destinar una partida para la comunidad de la Diversidad Sexual. (Noticaribe)
