CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, informó que 19 empresas que prestan el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre al sector salud incurrieron en actos de corrupción dentro del esquema denominado el ‘El cártel de la sangre’, publicó VanguardiaMX.
El funcionario indicó que la dependencia ya inició procedimientos en su contra y sancionó a 13 de las 19 empresas, que consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en procedimientos públicos de citatorios, además de multas que ascienden hasta los 2 mil millones de pesos.
“De las 121 empresas que prestan el servicio, 102 han actuado conforme a la ley, tanto en el proceso de contratación como en la prestación del servicio; las restantes 19 empresas han incurrido en actos de colusión, principalmente en contrataciones anteriores al actual administración al haber realizado acuerdos con objeto de repartirse ilícitamente las contrataciones mediante la omisión de información durante las licitaciones a fin de que resultara ganadora, la o las empresas que habían acordado”, precisó.
En cuanto a las otras seis empresas, están en curso 23 investigaciones sobre sus operaciones. Sobre las sanciones por por inhabilitación y multa, ocho están firmes y 16 están en proceso porque las empresas interpusieron procesos de blindaje como amparos y otras estrategias dilatorias para impedir las sanciones.
“Se tiene dudas razonables sobre algunas empresas que para eludir las sanciones utilizan filiales y/o el cambio de su razón social, a fin de continuar en el mercado y en las contrataciones públicas sin que sea posible limitar su participación”, precisó.
A inicios de junio el diario El Universal reveló que algunas de estas empresas habían sido inhabilitadas por siete años para obtener contratos del Gobierno Federal; sin embargo, pudieron participar en procesos de licitación para brindar diversos servicios al IMSS.
¿De dónde viene el nombre?
El término ‘El cártel de la sangre’ fue presentado por el periodista Roberto Rock para hacer referencia a las compañías que en conjunto fueron investigadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por organizarse para fijar precios y repartirse contratos de servicios del sector salud.
La existencia de este “cártel” se hizo pública en 2016 cuando se revelaron audios en los que se escucha a directivos de diversas empresas organizándose para su participación en una licitación del Gobierno Federal.
Estas empresas habrían acordado imponer sus condiciones y crear firmas que sirvieran como “fachada” para simular competencia o que sus nombres no aparecieran directamente en los procesos de licitación.
En enero del presente año, el diario El Sol de México reportó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorgó bajo criterio de “excepción” un contrato por más de dos mil 315 millones de pesos a dos de las empresas de este cártel.
En un reportaje explican que estas compañías habían sido sancionadas e inhabilitadas por la administración federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador bajo señalamientos de realizar prácticas monopólicas y vender estudios clínicos a sobreprecio.
“Dicipa e Instrumentos y Equipos Falcón brindarán el servicio durante el presente año, en tanto comienza un proceso de ‘transición’ a empresas que puedan ofrecerlo en 2024 (…) por esta única ocasión en lo que se realiza la transición entre las empresas que pudieran prestar los servicios, mismas que sustituirán a los proveedores inhabilitados”, fue la argumentación que utilizaron para poder dar apertura a estas empresas.
Estos proveedores ya acumulaban, en la última década, sanciones económicas por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), además de ser señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ambas empresas, de acuerdo con la Cofece, generaron un daño de mil 200 millones de pesos al erario por las prácticas que detectaron durante las administraciones federales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en las que ofrecieron servicios tanto para el ISSSTE como para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El sector salud defendió que la contratación de los servicios a las empresas inhabilitadas es para garantizar la “continuación ininterrumpida del laboratorio clínico, dada la prioridad de ser un servicio soporte de vida”.
En caso de no hacerlo “podría ocasionar graves consecuencias para la salud e incluso poner en riesgo la vida de los derechohabientes y su calidad en un corto, mediano y largo plazo”. (Fuente: VanguardiaMX)
