Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- “La decisión de construir el Tren Maya se ha tomado sin contemplar los estudios de impacto ambiental, sin respetar los derechos humanos de las personas, sin consultas…todo con total impunidad. En lo personal esta obra, tristemente pasará a la historia como el megaproyecto más corrupto a todas luces y con total impunidad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador”, indicó la bióloga Azucena Gual, integrante de la agrupación ambiental ‘Puerto Morelos Sustentable’.
Durante el foro “Comunidades y Pueblos frente al Tren Maya”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Azucena puso como ejemplo que tan sólo en el tramo cinco han sido deforestadas 6 mil hectáreas de selva, pero no sólo se trata de un problema ambiental sino también de otras situaciones sociales las que genera este proyecto.
Durante su participación en el foro, la bióloga mencionó que en sitios como José María Morelos, antes no se presentaban delitos como violación y trata de personas, pero desde 2020 a la fecha ya hay registro de los mismos en este territorio y coincide con la edificación de las vías.
A la par han observado que en zonas principalmente de Quintana Roo, como Puerto Morelos, el fenómeno de gentrificación aumenta el costo de vivienda, ya que se identifican rentas hasta de 22 mil pesos cuando hace tres años el precio no sobrepasaba los 5 mil pesos mensuales.
Mientras tanto, los salarios siguen igual, pues hay personas que cobran 3 mil 500 pesos a la quincena y no les alcanza a cubrir una renta
“Muchas personas que trabajaban en hotelería o tenían su negocio propio, dejaron sus espacios y se fueron a trabajar al Tren Maya porque los salarios son mayores, pero ¿qué va a pasar con estas personas después cuando termine esta obra?”, mencionó.
Como parte del monitoreo que realizan agrupaciones ambientalistas, observan que hay diversas promociones de terrenos de inversión en Puerto Morelos que no cumplen con la normatividad ambiental, pero por estar cerca del Tren Maya, dan por hecho que podrán desarrollarse.
“Si el Gobierno no está acatando la normativa ambiental, los desarrolladores por qué lo harían”, agregó.
Recordó el daño ambiental que causaron en arrecifes las anclas del barco “Melody”, que venía de Cuba para trasladar balastro que es usado para la construcción del tren.
“No fue mucho lo que dañó el ancla, pero si pensamos que una cabeza de coral crece un centímetro al año, son muchos años los que se destruyeron”, enfatizó.
Por su parte, la activista maya Wilma Esquivel Pat explicó que Felipe Carrillo Puerto se había mantenido como una comunidad autónoma desde hace más de 50 años y ahora como parte de los efectos del Tren Maya se nota desabasto de agua.
“Ya hemos sido afectados antes porque hay una severa extracción de agua por parte de la industria hotelera y ahora este proyecto”, describió.
También han observado problemas de energía eléctrica, crecimiento de enfermedades que incluso no conocían y problemas gastrointestinales.
“Observamos igual los problemas de desaparición forzada que antes no teníamos y la militarización en el territorio no nos ha traído paz”, agregó.
La activista también hizo hincapié en los accidentes que sufren con frecuencia los obreros, quienes se exponen a largas jornadas laborales a cambio de un sueldo que les ofrecen como ‘justos’.
“Hay muchos accidentes por toda la construcción porque les urge terminar”, señaló.
En su participación, Sara López, integrante de la mesa directiva del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, compartió que desde un inicio el Gobierno Federal ha engañado a las personas en cuanto a los fines del tren de carga.
“Se trata de un megatren en el que se llevará petróleo y todos nuestros recursos naturales, también se trasladará soya transgénica, material para las granjas porcícolas y todo lo que necesiten empresas establecidas. Nos dijeron que es para que la comunidad transporte sus pavitos, su frijol, sus cosechas, pero eso es mentira es para beneficio de las grandes empresas”, apuntó.
Recordó que en toda la zona de la península de Yucatán, donde las comunidades se oponen al desarrollo de este tren han sufrido criminalización.
“También el gobierno se ha empeñado en crear división entre las comunidades porque nos quieren deshacer como pueblos”, dijo.
Sin embargo, todas las participantes mencionaron que seguirán en la lucha de resistencia para exponer un proyecto que no trae beneficios para las comunidades indígenas, aunque así sea vendido. (Noticaribe)
