MIAMI.– Tras un juicio que se extendió por un mes, un jurado federal ha condenado a un hombre de Miami Beach por su participación en un violento grupo del crimen organizado transnacional que operaba en Cuba, México, España y el sur de Florida desde tan temprano como 2009.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Javier Hernández, de 50 años y residente de Miami Beach, Florida, fue condenado el 18 de octubre, tras un juicio por jurado, por conspirar para cometer el contrabando de extranjeros, conspirar para transportar embarcaciones robadas, conspirar para traficar ciertos vehículos de motor, tráfico de ciertos vehículos de motor y conspirar para lavar dinero para promover el tráfico de propiedades robadas, además del soborno a funcionarios públicos.
Según la evidencia presentada en el juicio, Hernández y su coacusado, Ramon Reyes Aranda, de 38 años y residente de Naples, Florida, robaban embarcaciones de la costa oeste de Florida. Reyes Aranda identificaba las embarcaciones, y Hernández las transportaba a México, donde se utilizaban para financiar y facilitar las actividades ilegales de la organización. Antes del juicio, Reyes Aranda se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero para promover el tráfico de propiedades robadas y el soborno a funcionarios públicos.
La propiedad robada, que incluía barcos y embarcaciones, se transportaba a un cómplice en México, quien luego utilizaba la propiedad robada para facilitar y promover las actividades de la organización. Por ejemplo, la evidencia presentada en el juicio mostró que Hernández transportó un vehículo a México para sobornar a un funcionario extranjero, de modo que la organización pudiera continuar con el contrabando de migrantes sin interferencia de las autoridades.
Una operación multinacional extensa, liderada por las autoridades estadounidenses y mexicanas, se formó para combatir las actividades de un violento grupo del crimen organizado transnacional conocido colectivamente en México como “La Mafia Cubana en Quintana Roo” o la “Mafia Cubana en Quintana Roo”. A través de esta operación, las autoridades policiales descubrieron que Jose Miguel Gonzalez Vidal, Reynaldo Abreu Garcia, Yohismy Perez Gonzalez, Yosvani Carbonel Lemus, Reynaldo Crespo Marquez y Jancer Sergio Ramos Valdes, todos ciudadanos cubanos residentes en México en el momento de los cargos, junto con Maikel Antonio Hechavarria Reyes y Monica Susana Castillo, ambos de México, formaban parte de un grupo del crimen organizado que obtenía ganancias de varios esquemas, incluyendo el contrabando y extorsión de migrantes cubanos retenidos en México para el pago de tarifas de contrabando (United States v. Vidal, et al., Caso No. 21-cr-20050-CMA).
Según la evidencia contenida en el expediente judicial, Gonzalez Vidal presentó a Hernández a Reyes Aranda para que trabajaran juntos en el transporte de embarcaciones robadas para la organización. Tanto Hernández como Reyes Aranda recibieron pagos de Gonzalez Vidal y otros miembros de la organización por su transporte de la propiedad robada.
Los miembros del grupo de extorsión a migrantes requerían que las víctimas proporcionaran información de contacto de un familiar a quien más tarde le exigirían una tarifa de rescate de $10,000 USD. Los hombres contactaban a los familiares de las víctimas, algunos de los cuales estaban en Miami, y amenazaban con torturar, hambrear y matar a las víctimas si los familiares se negaban a pagar. Si un familiar de la víctima podía pagar el rescate, la organización liberaba a la víctima y la enviaba en autobús a la frontera entre Estados Unidos y México con instrucciones de buscar asilo político. Las víctimas cuyos familiares no podían pagar la tarifa eran golpeadas, amenazadas con cuchillos y armas de fuego, y sometidas a descargas de pistolas eléctricas hasta que finalmente eran rescatadas por las autoridades mexicanas. Los miembros de la organización también buscaban obtener ganancias a través del tráfico de drogas y esquemas de fraude.
Además, una vez que los acusados fueron imputados en Estados Unidos y detenidos mientras esperaban juicio, continuaron operando la organización tratando de obstruir la justicia, violando órdenes judiciales y distribuyendo mercancías prohibidas en un centro de detención federal. Como parte de su operación en prisión, la organización sobornó a un empleado federal para introducir mercancía prohibida y sustancias controladas para su distribución en el Centro de Detención Federal (FDC) en Miami.
Por su participación en el esquema criminal, Gonzalez Vidal, Crespo Marquez, Abreu Garcia, Perez Gonzalez, Carbonel Lemus y Ramos Valdes se declararon culpables previamente de conspiración de la Ley de Influencia y Corrupción en las Organizaciones Delictivas (RICO, por sus siglas en inglés) y contrabando de migrantes. Sus audiencias de sentencia han sido programadas para noviembre y diciembre en Miami.
La audiencia de sentencia de Reyes Aranda está programada para el 15 de diciembre a las 10:00 a.m. en Miami. La audiencia de sentencia de Hernández está programada para el 5 de enero de 2024 a las 10:30 a.m. en Miami.
El Fiscal de Estados Unidos, Markenzy Lapointe, del Distrito Sur de Florida; el Agente Especial a Cargo, Jeffrey B. Veltri, de la Oficina de Campo del FBI en Miami; el Agente Especial a Cargo, Anthony Salisbury, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami; el Agente Especial a Cargo, Matthew J. Margelot, del Servicio de Investigación de la Guardia Costera de Estados Unidos (CGIS) en la Región Sudeste; el Director Interino, Gio Ramirez, del Centro de Detención Federal (FDC) de la Oficina de Prisiones (BOP); la Directora Interina, Stephanie V. Daniels, del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD); la Jefa de Policía, Tracy Frazzano, del Departamento de Policía de Marco Island, y el Jefe de Policía Interino, Matt Fletcher, del Departamento de Policía de Naples, hicieron el anuncio.
De acuerdo al comunicado, la persecución de esta organización ha contado con un importante respaldo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Unidad de Crímenes Violentos Internacionales del FBI y la Sección de Crímenes Violentos y Corrupción del Departamento de Justicia.
Estos procesamientos multinacionales son el resultado de los esfuerzos continuos de la Fuerza de Tareas de la Operación Sísifo, una asociación de múltiples agencias establecida por el Programa de Crímenes Organizados y Control de Drogas (OCDETF) de Mayor Prioridad en Crimen Organizado Transnacional. Desde 2012, los participantes de la Fuerza de Tareas de la Operación Sísifo han logrado la condena de más de treinta miembros y asociados de la organización criminal.
La misión principal del programa OCDETF es identificar, perturbar y desmantelar a los traficantes de drogas de más alto nivel, lavadores de dinero y otras organizaciones criminales transnacionales de prioridad que representan una amenaza para los ciudadanos de Estados Unidos. Esto se logra mediante un enfoque dirigido por fiscales, basado en inteligencia y ejecutado por múltiples agencias para combatir el crimen organizado transnacional. El programa OCDETF facilita operaciones conjuntas complejas al enfocar a sus agencias colaboradoras en objetivos prioritarios, gestionar y coordinar esfuerzos de múltiples agencias, y aprovechar la inteligencia en múltiples plataformas de investigación. (Con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos)
