Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Sin tomar en cuenta observaciones de legisladores de la oposición, en el Congreso del Estado se aprobó la creación de la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana de Yucatán y diversas reformas en materia inmobiliaria.
Con el argumento de regular el crecimiento inmobiliario en la entidad, las y los diputados aprobaron hoy reformas en las que incluso hacen corresponsables a autoridades gubernamentales y al sector empresarial sobre los efectos que traen consigo los proyectos inmobiliarios.
Estas fueron la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en congruencia, se modifican la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, la Ley de Vivienda del Estado de Yucatán y la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de Yucatán.
Como una mirada a favor, la diputada panista Carmen Guadalupe González Martín dijo que estas modificaciones a las leyes locales permitirán optimizar el aprovechamiento de los asentamientos humanos y las acciones urbanísticas necesarias para reducir los efectos negativos de los desarrollos.
Igualmente, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gaspar Quintal Parra, aseguró que la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán logra incluir el concepto de gentrificación.
“Esto porque ocasiona un cambio en el estilo de vida de un asentamiento humano por precios de vida elevados”, dijo.
No obstante, el legislador Rafael Echazarreta fue uno de los que se opuso a diversas propuestas, ya que dijo que lo que hoy se decida afectaría en los próximos 25 años a Yucatán en materia de crecimiento y desarrollo urbano.
“Esto es un secuestro a la propiedad privada, estamos legitimando al primer cartel inmobiliario gubernamental y se requiere crear una Procuraduría por siete años. Ya le dieron trabajo a la Licenciada Rosas por 15 años, al procurador, al fiscal, a Transporte y ahora quieren crear una procuraduría para regular hasta el último centímetro de tierra que hay en este estado”, precisó.
Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela González Ojeda por ejemplo pidió agregar la palabra movilidad a la definición de derecho a la ciudad.
Otra observación que hizo fue respecto a la duración en el cargo de la titular de la nueva Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana.
“El ejecutivo y el dictamen establecen siete años y una ratificación por otros siete años. La propuesta de esta representación es que la ratificación se reduzca a un periodo de únicamente tres años”, precisó.
Sin embargo, tampoco esta propuesta fue considerada por el resto de las y los legisladores.
Durante su discurso, también aprovechó la oportunidad para precisar que una ley de asentamientos humanos que no considera el cuidado del agua sería una ley incompleta.
Aunque sus propuestas fueron escuchadas, no se contemplaron sino se votaron las iniciativas tal y como estaban, todas con gran mayoría de votos. (Noticaribe)
