Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Tras considerar que los ciudadanos deben tomar las plazas públicas para hacer pública su inconformidad por la mala calidad de servicios, el presidente del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo), León Lizárraga Cubedo propuso presentar un amparo colectivo para lograr el pago de tarifas justas por el servicio de agua potable que brinda la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la empresa Aguakan.
Después de presentar una agenda de trabajo que se realizará en 90 días para el Desarrollo Sustentable de Othón P. Blanco y del Estudio IAPQROO sobre “el Servicio de Agua Potable de Quintana Roo 1980 – 2023: La verdad plasmada en números” afirmó que desde la modificación del 444 en 2011 de la Ley de Cuotas y Tarifas del Estado, tanto Aguakan como la CAPA han cobrado a los ciudadanos, hotelería, industria y comercios más de 21 mil millones de pesos de sobreprecios de 2011 a 2023 en perjuicio de la economía.
Asimismo, dijo que las personas con ingresos más bajos que se encuentran en pobreza y pobreza extrema pagan más por el servicio de agua potable y con ello se devela la injusticia social en la dotación de este servicio.
Ante la mala calidad de los servicios y el sobreprecio en la prestación del agua potable es necesario que los ciudadanos tomen las plazas públicas para que sus problemas se resuelvan y tengan cabida en el presupuesto público, afirmó.
Explicó que un amparo colectivo para obligar a la CAPA Y Aguakan a prestar un mejor servicio de agua potable servirá para congelar y cancelar las tarifas de agua potable en todo el Estado hasta conciliar con la ciudadanía una tarifa justa, progresiva, apegada al crecimiento del INPC y a la eficiencia operativa del servicio.
Además obligar a las autoridades a conciliar con la ciudadanía la restitución gradual, planeada y programada de la competencia del Artículo 115 constitucional que le obliga a los Municipios a prestar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales para que se apeguen a las necesidades propias de la población de cada Municipio “por lo que deberá desaparecer la CAPA así como el DRAEF para que cada Municipio preste el servicio mediante un órgano público con autonomía funcional, operativa y financiera, dirigido por ciudadanos”.
Dijo que dentro de la propuesta se considera también obligar a que la autoridad deje sin efectos el doble cobro, cobros por servicios no entregados, facturación por encima de los costos del servicio y que el congreso del Estado de Quintana Roo legisle en favor de los quintanarroenses para darle cabida a todos estos reclamos, mediante una iniciativa ciudadana que regule las tarifas y la prestación del servicio acorde con los preceptos constitucionales y legales.
Además se obligue a la empresa AGUAKAN a restituir a la ciudadanía los más de 16 mil millones de pesos que ha cobrado en sobre precio de las tarifas autorizadas en el convenio de concesión y obligar al Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales a transparentar las tarifas de agua potable y saneamiento de los últimos 10 años, de una forma sistemática y permanente. (Noticaribe)
