Por Rafael Briceño
CHETUMAL MX.- Tras considerar que el tema Aguakan se ha vuelto electoral, la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez, insistió que el Estado seguirá defendiendo, de manera jurídica la decisión de la Décimo Séptima legislatura “de apoyar la vigencia del primer contrato que feneció y el segundo que no tiene efectos”.
Ante el amparo indirecto que interpuso el PRD por el incumplimiento del resultado de la consulta ciudadana que fue vinculante en Benito Juárez para rescindir la prórroga de la concesión a la empresa, aseguró que hay avances: “si bien se dio la suspensión, tal y como se había anticipado, en virtud del derecho humano al agua no implica la renovación tacita del contrato ni mucho menos que se mantenga la concesión otorgada por la renovación de la vigencia. El gobierno seguirá defendiendo ante los tribunales para que se determine que el Estado no tiene que pagar ningún tipo de indemnización y a través de esta acción legislativa se demuestra que no se cumplieron las acciones necesarias para el otorgamiento de la prórroga de concesión”.
Creo que PRD no se ha informado porque el estado tiene varios juicios, “pero entendemos que esto ya es un tema electoral y habría que notificarles que por temas electorales no proceden los amparos”.
Torres Gómez consideró necesario consultar a los usuarios sobre la calidad del servicio que reciben “más allá de la consulta que, a mi particular punto de vista, quedó corta porque no establece los mecanismos para hacerla cumplir ni mucho menos plazo”.
Insistió que los ciudadanos deben opinar sobre la calidad y cantidad de agua que reciben, el saneamiento “y eso es más que suficiente para rescindir la prórroga de la concesión porque el usuario de los servicios no están de acuerdo”.
Consideró que es necesario seguir la vía jurídica y legislativa, “pues si bien los ciudadanos fueron consultados y manifestaron su insatisfacción con el servicio que reciben la consulta misma no establece el mecanismo ni los plazo”.
La secretaria de gobierno consideró que la parte jurídica debe ser más agresiva con más fuerza para que la CAPA aporte mayores datos pues los ciudadanos ya dijeron que no quieren que continúe la empresa el cual se sustenta en la calidad de un servicio que no es el adecuado.
La parte dictaminara de la CAPA debe aportar los elementos con vista al juicio con una visión más allá de la operación cotidiana sino por a la prestan y calidad del servicio, insistió. (Noticaribe)
