CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Alejandro Robledo y César González, abogados de los ocho militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no encuentra a uno de los dos testigos protegidos que utilizó para acusarlos por el delito de delincuencia organizada y así conseguir una nueva orden de aprehensión en su contra, publicó animalpolitico.com.
“Hoy nos llegaron con dos fantásticas justificaciones: uno está enfermo y no puede ir y el otro no es localizable. La Fiscalía dice ‘el testigo no es localizable en el domicilio que le proporcionó’. Oye, ¿pues no es tu testigo, fiscal? Entonces me estás diciendo que perdiste al testigo protegido. ¿Te mintió en torno a su domicilio y ahora no lo encuentras?”, dijo César Omar González Hernández, uno de los defensores de los militares.
Los abogados aseguraron que la investigación es un “cochinero” y que lo único que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es alejar a las víctimas de la justicia y la verdad.
“El cochinero que han hecho en esta administración y proceso del caso lo único que ha logrado es empañar todo, ensuciar más todo y alejar a las víctimas, una vez más, del acceso a la justicia y la verdad”, dijo González.
Aunque en un principio no se dio a conocer la causa de la nueva detención, en la audiencia que se llevó a cabo el 2 de febrero, los militares y sus abogados se enteraron que la nueva orden de aprehensión se libró por delincuencia organizada, con base en la declaración de dos testigos protegidos, quienes los acusan de colaborar con el grupo criminal Guerreros Unidos.
“Hace apenas 2 semanas ambos testigos declararon ante la fiscalía en contra de personal militar y hoy el agente del ministerio público no logró llevar al juzgado a sus testigos estrella, con esto, esta causa se sostiene de falsas imputaciones dirigidas en contra del Ejército, y de ser ciertas las “acusaciones”, los hubieran presentado”, señalaron los abogados.
¿Quiénes son los testigos de la FGR?
De acuerdo con la investigación de la FGR, los testigos, identificados como “Carla” y “Neto”, forman parte de la organización criminal Guerreros Unidos; sin embargo, no habían declarado por miedo.
Según la declaración de uno de los testigos, a los soldados presuntamente se les pagaba diferentes cantidades de dinero según el rango que ocupaban. Sin embargo, la defensa de los militares argumentó que era absolutamente anormal y poco creíble, puesto que las declaraciones de los testigos eran poco fiables.
La defensa de los detenidos recordó que Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), ya se había negado a utilizar a estos dos testigos.
Alejandro Robledo, otro de los abogados de los militares, dijo que presentarán las denuncias correspondientes contra lo que consideran una “lamentable investigación” en torno al caso.
“Al igual que en su momento presentamos denuncias de carácter penal en contra del subsecretario, en esta nueva etapa del caso vamos a presentar denuncias penales en contra de los servidores públicos que se encargaron de integrar esta lamentable investigación, todos los que se vieron involucrados en esto, obviamente al subsecretario Encinas, y también estos testigos protegidos que tienen mucho miedo por delitos contra la administración de la justicia”.
¿Qué pasa con los militares involucrados con el caso Ayotzinapa?
El 21 de enero, la jueza Ivette Duarte Cedillo ordenó la liberación de los 8 militares detenidos que presuntamente participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. De acuerdo con la juez, se determinó que las condiciones por las que se les dictó prisión preventiva oficiosa ya habían cambiado y no había riesgo de fuga, además explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó las pruebas suficientes para mantener la medida de prisión preventiva.
Sin embargo, el 24 de enero se consignó la averiguación previa FGR/FEMDH/UEILCA/2/2022 con declaraciones como “hechos novedosos” para solicitar el libramiento de órdenes de aprehensión en contra de los militares por el delito de delincuencia organizada.
Al día siguiente, la juez Ivette Duarte Cedillo otorgó las 8 órdenes de aprehensión a pesar de que en junio de 2023, ella misma negó la petición por el mismo delito.
La defensa de los 8 militares solicitó la duplicidad del término constitucional y presentaron como prueba las testimoniales de ambos testigos protegidos, mismas que serían desahogadas de forma presencial este 6 de febrero de 2024, a las 9:00 horas.
Sin embargo, la audiencia programada no fue realizada debido a que el agente del ministerio público adscrito a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) informó que sus testigos no podrían comparecer. El primero de ellos por cuestiones de salud y prescripción médica, y el segundo porque no fue localizado en el domicilio proporcionado.
Este 7 de febrero vence la duplicidad del término constitucional, por lo que la defensa de los militares espera que la jueza haga “un verdadero ejercicio lógico-jurídico” del caso. (Fuente: animalpolitico.com)
