Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.-Integrantes de los guardianes de los Cenotes de Homún-Kanan Ts’ ono’ot, el Ch’uun Taan y habitantes de diversos pueblos mayas se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) para recordarle al Gobierno del Estado que hay una sentencia que impide que más granjas porcícolas sean establecidas en Yucatán, por lo que no debe ser autorizada ni una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) relacionada con este tipo de proyectos.
Entre los manifestantes, un habitante de Ixil recordó que al pueblo maya no se le ha podido dominar históricamente, por lo que seguirán defendiendo su derecho a un medio ambiente sano y están en contra del despojo de territorio.
“El gobierno está vendiendo a Yucatán con gente que no es del estado y queremos cuidar nuestra agua, un vital líquido que sin él no podemos vivir”, aseguró.
Además, comentó que en los 106 municipios hay riesgo de despojo y de contaminación por diversos megaproyectos, entre ellos, las granjas porcícolas, por lo que piden un alto a las autorizaciones de los mismos.
“El pueblo maya nunca se va a dejar, que escuche el Gobierno de Vila: no le tenemos miedo”, aseguró.
Hay que mencionar que se presentaron en las oficinas de la SDS para entregar los documentos que indican que un Juzgado Federal dejó sin efecto la autorización ambiental para la mega granja porcícola de Homún.
Esto debido a que se comprobaron múltiples violaciones a los derechos humanos y ambientales que causan las granjas porcícolas, que en su mayoría pertenecen a la empresa PAPO (Producción Alimentaria Porcícola, S.A. de C.V.), compañía que opera como aparcera de Kekén, propiedad del Grupo Porcícola Mexicano.
Las personas que se manifestaron señalan que serán persistentes para que se logre un cierre definitivo de la granja en Homún que concentraría más de 49 mil cerdos.
La sentencia que emitió el Juzgado Federal igual reconoció que el Gobierno del Estado de Yucatán ha incurrido en reiteradas omisiones administrativas que derivaron en la vulneración de derechos ambientales y comunitarios.
El Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán tomó en cuenta que durante la construcción de la megagranja se deforestaron sin autorización más de 68 hectáreas de selva mediana sub caducifolia, y que se omitió analizar de forma adecuada el impacto que la factoría generaría en el Anillo de Cenotes, un humedal protegido a nivel internacional por el Convenio Ramsar.
También se contempló que los excrementos de los cerdos generan volúmenes de nutrientes que exceden la capacidad de absorción del suelo y esto, a mediano y largo plazo, colocaría al acuífero en riesgo de contaminación grave.
En la manifestación estuvieron presentes habitantes de pueblos mayas como Santa María Chi, Sitilpech, Chapab, Kinchil, San Fernando y Uayalceh, los cuales tienen en común afectaciones por las megagranjas.
En la manifestación, activistas recordaron que la autorización que favoreció el establecimiento de la granja de PAPO en Homún fue otorgada en 2017 por Eduardo Batllori Sampedro, entonces secretario de Medio Ambiente de Yucatán, y defendida en juicio por Sayda Rodríguez, ex titular de la SDS y actual precandidata a diputada.
Sin embargo, se promovió un juicio de amparo que dejó sin efecto el permiso ambiental. (Noticaribe)
