Por Iván Alamillo | Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitó resoluciones favorables en temas de interés para la institución castrense a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.
Desde abril, Alpízar ha sido señalado en denuncias presentadas ante el CJF de presionar y amenazar a jueces y magistrados para que resolvieran favorablemente amparos, sentencias y vinculaciones a proceso en casos que eran prioritarios para el Gobierno Federal. Todo esto durante la gestión de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Corte.
Audios obtenidos por N+Focus revelaron la forma en la que Alpízar presionó al juez Alberto Roldán Olvera en el piso 14 del edificio del CJF para que negara una orden de aprehensión contra Frida Martínez, ex secretaria general de la Policía Federal investigada por su presunta responsabilidad en un desvío de 2 mil 500 millones de pesos.
Al menos en dos ocasiones, entre junio y diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió a la cuenta de correo [email protected], donde solicitó a Carlos Alpízar intervenir en los casos del expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda y el Rancho Las Mesas, propiedad incautada en Valle de Bravo a Moisés Mansur Cysneros, presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
En un oficio enviado el 22 de junio de 2021, la Sedena pidió a Alpízar “su valioso apoyo para que se obtenga una resolución que favorezca los intereses institucionales”.
La institución castrense buscaba que Rosa González Valdés, Magistrada Presidenta del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, revocara la admisión de una demanda de amparo que buscaba conocer el contenido del expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda, el cual fue difundido por la FGR en una versión pública con amplias secciones testadadas tras la vuelta del ex secretario de la Defensa a México.
Dicha demanda de amparo fue promovida por Bryan Carlos LeBarón Jones, miembro de la familia LeBarón, quien reclamó que la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República fueron omisas en su deber de garantizar el derecho a la información y la verdad al publicar testado el expediente del caso Cienfuegos.
Después de que la demanda de amparo fue admitida el 19 de marzo de 2021 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores interpusieron recurso de queja en contra de su admisión, alegando que había sido presentada de manera extemporánea y que LeBarón Jones carecía de interés jurídico para conocer el expediente.
Fue este recurso de queja el que fue turnado a la ponencia de la Magistrada Rosa González Valdés y por el que la Sedena solicitó la intervención de Alpízar para obtener una resolución favorable.
El 26 de junio de 2021, los tres magistrados que conformaban el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre ellos González Valdés, declararon infundado el recurso de queja del Gobierno Federal y admitieron a trámite la demanda de amparo de LeBarón Jones.
De acuerdo con la página del Consejo de la Judicatura Federal, González Valdés continúa siendo magistrada en el mismo Tribunal Colegiado.
SEDENA TAMBIÉN PRESIONÓ POR RANCHO DE DUARTE
La Sedena también solicitó a Carlos Alpízar intervenir para que la justicia federal negara el amparo con el que Moisés Mansur Cysneros buscaba recuperar la superficie del 33% del Rancho Las Mesas que un juez de control había declarado en abandono a favor de la Federación en la causa penal 97/2016.
El 4 de diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió un oficio donde pedía a Alpízar “su apoyo e intervención, a fin de que se niegue la suspensión definitiva y en su momento se niegue el amparo solicitado por los quejosos”.
En un inicio, la demanda de amparo promovida por Mansur se turnó al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, presidido por la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña.
Sin embargo, Robledo Magaña determinó carecer de competencia para conocer el asunto debido a que el rancho no se encontraba dentro de su jurisdicción, por lo que fue remitido al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, presidido por el juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez.
Grupo Reforma reveló que, de acuerdo con la denuncia anónima que dio paso a la investigación contra tres excolaboradores de Arturo Zaldívar, Eutimio Ordóñez Gutiérrez y otros jueces habrían acudido a reuniones en un rancho propiedad de Carlos Alpízar, donde recibían órdenes para resolver los asuntos conforme lo dictaba el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
El 23 de junio de 2022, Ordóñez Gutiérrez declaró infundados los conceptos de violación planteados por Mansur y le negó el amparo.
Tras una larga batalla legal con Mansur, la FGR anunció en mayo de 2023 que había obtenido en definitiva la declaratoria de abandono del rancho, con lo que la Sedena lograría asumir el control del 100% de la propiedad. El Gobierno de Veracruz, como parte afectada, le había transferido previamente el 66% restante a la Sedena.
Actualmente, las instalaciones del Rancho Las Mesas son administradas por la Sedena como parte del Centro de Reproducción Equina de Alto Rendimiento.
Mientras que Carlos Alpízar ocupa un cargo en la Secretaría de Gobernación como jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático, donde recibe un sueldo de 122 mil pesos libres de impuestos. (Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
